La Justicia ordena desalojar una isla usurpada

El titular del Juzgado Civil y Comercial N° 1, de Gualeguay, Fabián Morahan, rechazó el pedido formulado por Hugo Enrique Lima y Ernesto Andrés Sprintz, afincados en la provincia de Buenos Aires, para quedarse con más de 700 hectáreas en las islas Lechiguanas, adonde en 1980 se había afincado un tal Osvaldo José Boari y había instalado un grupo de colmenas.

En 2006, Boari le vendió esa fracción de tierras de Lima y Sprintz, y éstos construyeron un galón adonde alojaron 350 colmenas. Aunque antes Boari había hecho lo que han hecho todos los que han ocupado tierras del Estado en la zona de islas del Delta: confeccionó un plano de mensura, lo registró en la Dirección de Catastro, y así consiguió que la Dirección de Rentas le expidiera la boleta del Impuesto Inmobiliario, que pagó de modo continuo desde 1980 hasta ahora.

Esos dos elementos se presentaron como prueba suficiente de que aquellos eran terrenos ocupados de modo continuo, y de que el Estado, de modo tácito, había reconocido la titularidad de la tierra. El escrito judicial de los privados plantea que desde 1980 Boari, y quienes luego adquirieron las tierras se comportaron como verdaderos propietarios, “ejerciendo la posesión del inmueble en forma pacífica, pública e ininterrumpida”.

Pero al considerar el planteo formulado por la defensa de los intereses de la Provincia en el juicio de usucapión promovido por Lima y Sprintz, el juez Morahan desestimó el pedido de los privados, y avaló la tesitura oficial respecto de que los bienes públicos no se pueden vender, ni enajenar y que tienen un carácter de “imprescriptibles”.

El juez Morahan no pone reparos en reconocer que ese mismo juzgado de Gualeguay, antes a cargo de otro magistrado, había adoptado una resolución diferente respecto de un tema que ya varios tribunales vienen pronunciándose: el rechazo de los pedidos para quedarse con tierras que son de dominio público.

“Finalmente –dice el juez en su fallo, fechado el 30 de agosto–, corresponde aclarar que la decisión que se adopta mediante el presente fallo implica modificar el criterio jurisprudencial que en su oportunidad adoptó este Juzgado en los autos “Martínez Juan A. y Otro c/Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos. Usucapión”, pronunciamiento que fue dictado en su oportunidad por otro magistrado por entonces a cargo de este organismo, en base a fundamentos merecedores del mayor de los respetos, pero que difieren al criterio jurídico del suscripto en la materia y que se plasman en el presente pronunciamiento”.

La sentencia no sólo hace propio la postura de la Provincia, sino que además da lugar al reclamo planteado en la causa judicial por la Fiscalía de Estado, que no sólo pidió rechazar el planteo sino además que se ordenase el inmediato desalojo del predio. Morahan dijo al respecto que el desalojo “resulta procedente”, informó EL DIARIO.

Por qué

El magistrado argumenta su dictamen, y sostiene: “La posesión esgrimida por los ocupantes del inmueble –islas—y los consecuentes actos prosesorios invocados como fundamento de la acción instaurada, resultan inoponible a los fines pretendidos, por tratarse el bien en cuestión perteneciente al dominio público del Estado, siendo imprescriptible y por tal condición excluidos del comercio, circunstancia que impide que pueda ser objeto de posesión alguna”.

En base a esas argumentaciones, el juez no sólo rechazó la demanda de usucapión –un ardid judicial por el cual una persona se apropia de un bien que ha ocupado durante los últimos 20 años—sino que además hizo lugar al pedido formulado por la Provincia y dispuso el “desalojo de loas actores Enrique Hugo Lima y Ernesto Andrés Sprintz y/o de quien o quienes pretendan ser titulares del domino del inmueble, sus herederos o sucesores y/o de quien o quienes se consideren con derechos sobre el mismo”.

Pero además, el fallo es extensivo a otras fracciones de tierras en litigio en las Islas Lechiguanas, por cuanto el juez hace suyo el acta ratificatoria de posesión de las islas de domino público del Estado labrada entre el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, y el Escribano Mayor de Gobierno, Francisco Gastaldi, luego de un sobrevuelo hecho en abril de 2010.

La parte del león

La superficie total de las islas Lechiguanas es de 250 mil hectáreas. Están ubicadas en la zona del Delta del departamento Gualeguay, frente a la ciudad bonaerense de San Nicolás de los Arroyos, delimitadas por el río Paraná al sur y por uno de sus brazos al noroeste, el río Paraná Pavón, el cual luego de recibir las aguas del río Gualeguay toma el nombre de río Paraná Ibicuy, que constituye el límite noreste, convergiendo luego con el cauce principal del Paraná. En la década de 1970, el gobernador de facto Ricardo Fabre impulsó un gigantesco proyecto tendiente a conseguir el endicamiento de unas 80 mil hectáreas de modo de ponerlas a salvo de eventuales inundaciones y destinarlas a actividades agrícolas.

Así se conformó la empresa Las Lechiguanas SA que, entre otros accionistas, tenía a William Reynal, propietario de la quebrada empresa aerocomercial Austral. El acuerdo suponía que los privados explotaban la mitad de las 80 mil hectáreas, y para el Estado quedaba el otro 50%. Aunque en 1973, cuando asume el gobierno democrático de Enrique Tomás Cresto, se deja sin efecto aquella operación, que luego es retomada por el gobierno de la dictadura que da inicio en 1976.

Pero aquel proyectó se echó a perder durante la gran inundación de 1983: Las Lechiguanas SA va a la quiebra, pero durante ese proceso aquellas 80 mil hectáreas fueron vendiéndose a distintos adquirentes, entre ellos, a la familia del actual diputado nacional Francisco de Narváez, entonces propietarios de la cadena Tía, y a uno de los terratenientes más destacados en el sur de Entre Ríos, Victorio Gualtieri, que a través de la firma Deltagro adquiere gran parte del predio.

El Diario.