Ante los dichos de la Jefa Departamental sobre el escándalo de la cámara oculta en la Comisaria Primera, cuando dijo que la oficial víctima del hecho solo estaba de licencia, la funcionaria salió a aclarar que se encuentra sufriendo las consecuencias de haber “atravesado situaciones de presión, coacción, exposición, intimidación y un enorme desgaste emocional” dentro del ámbito en el que desarrolla su función, lo cual la afectó seriamente en su salud, y agregó que por ello se encuentra bajo atención profesional, con intervención psicológica, psiquiátrica y de Junta Médica.
“La licencia que actualmente atravieso no constituye un beneficio, un descanso ni una decisión voluntaria”, expresó, contundente, y agregó que “tener que someterse a evaluaciones médicas, atravesar angustia, incertidumbre y las consecuencias personales y familiares de todo lo sucedido tampoco se disfruta”, y que “lo que corresponde es respeto por la persona que denuncia y por su estado de salud”.
Por último, consideró que banalizar su situación deslegitima su padecimiento, y “minimiza hechos que se encuentran siendo examinados y contribuye a una forma de revictimización institucional que no estoy dispuesta a naturalizar”, para terminar dejando absolutamente claro lo siguiente: “haber denunciado hechos que considero graves no me convierte en enemiga de la institución a la que pertenezco, ni habilita a nadie a desacreditarme, estigmatizarme o transformar las consecuencias que estoy padeciendo en una supuesta comodidad personal”.
Vale recordar que la víctima, ante la inacción de la Jefatura, denunció el hecho unas dos semanas después de ocurrido, cuando eran evidentes las intenciones de encubrirlo. La ley Micaela no se contempló en este caso.
Norman Robson para Gualeguay21
