Una investigación de la Universidad de Buenos Aires estimó que el 48,9 por ciento de la población argentina de entre 18 y 29 años se encuentra en situación de vulnerabilidad social y advirtió que esta condición no responde únicamente a la pobreza económica, sino a la combinación de desigualdades educativas, laborales, habitacionales y de salud mental que limitan las oportunidades de desarrollo. El informe fue elaborado en el marco del proyecto “Construir ciudadanía con jóvenes en contextos de vulnerabilidad” del Ciclo Básico Común, y relevó a unos mil jóvenes de todo el país entre diciembre de 2025 y enero de 2026.
Para identificar a la población vulnerable consideró tanto el nivel educativo como las privaciones materiales de los hogares, siguiendo criterios del Índice de Privación Material de los Hogares del INDEC.
Entre los principales resultados, el estudio señala que el
•Un 60 por ciento de los jóvenes vulnerables no completó el nivel secundario, un 25 por ciento continúa estudiando, y dos de cada diez no trabajan ni estudian.
•Un 15 por ciento de los que tienen empleo accede a un trabajo registrado, mientras que la mayoría se desempeña en actividades informales o por cuenta propia.
•Un 57 por ciento de los hogares no logra llegar a fin de mes con sus ingresos.
•Más del 70 por ciento dependen del sistema público de salud para atenderse.
•Más del 70 por ciento de los jóvenes consultados manifestó experimentar nervios o ansiedad con frecuencia.
•Más del 50 por ciento señaló sentimientos de desgano o depresión.
Un 30 por ciento reconoció dificultades para controlar el consumo de alcohol, tabaco o drogas.
Por último, un 70 por ciento de los jóvenes proyectan mudarse en los próximos cinco años, principalmente para acceder a un barrio con mejores condiciones. Conseguir un empleo o mejorar el actual y acceder a una vivienda propia aparecen como los principales objetivos, mientras que formar una familia ocupa un lugar secundario entre las prioridades expresadas por los encuestados.
Según los investigadores, estos resultados evidencian la necesidad de diseñar políticas públicas e intervenciones que integren educación, empleo, salud mental y fortalecimiento comunitario.
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