A partir de un juicio abreviado, un hombre del interior del departamento Gualeguay aceptó una condena a tres años de prisión condicional y una reparación económica por obligar a su pareja a abortar el hijo de ambos. Un juez de esta ciudad avaló el acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa del imputado, a quien se lo declaró autor material y penalmente responsable del delito de “aborto sin consentimiento”, agravado por mediar violencia de género.
Se trata de un hecho ocurrido en 2018 y recién denunciado en 2024 presentando un documento que le habían hecho firmar tras el aborto, mediante el cual, a cambio de una suma de dinero, se comprometía a no efectuar reclamos posteriores. La razón que habría motivado la denuncia sería la aparición de daños psicológicos derivados de haber perdido un hijo.
Según el magistrado, el imputado, que mantenía una relación sentimental con la víctima, comenzó a presionarla insistentemente tras enterarse del embarazo, solicitándole reiteradamente que interrumpiera la gestación del hijo de ambos.
Más allá de que la Justicia dio por probado que la víctima fue obligada a interrumpir el embarazo que cursaba como consecuencia de la intimidación ejercida por quien era el padre del bebé en gestación, lo novedoso, y curioso, de esta sentencia es que se le impuso al condenado la obligación de una reparación económica a la víctima, en el marco de una demanda civil que fue parte de un acuerdo privado entre las partes y homologado en la misma audiencia.
Por último, en la sentencia se obliga al condenado a abstenerse de acercarse a menos de 50 metros de la víctima, a no mantener contacto directo o indirecto por ningún medio, y a evitar involucrarse en nuevos hechos delictivos.
Ahora bien, cabe preguntarse cuál habría sido la posición de la Justicia si el padre hubiese querido el bebé y ella hubiera decidido abortar sin consultarlo.
Norman Robson para Gualeguay21
