En una conferencia de prensa ofrecida ayer lunes por la tarde, el Gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, acompañado por Manuel Troncoso, su Ministro de Gobierno, y por Mariano Gallegos, su interventor del Iosper, anunció que envió a Senadores un proyecto para crear una nueva obra social, la cual se llamará Oser, con un directorio reducido y manejable. De consumar esta intención, el Estado provincial, patronal en este caso, manejaría los recursos del propio Estado y los de sus propios trabajadores.
Según se desprende de lo escuchado en la conferencia de prensa, la nueva obra social, a crearse con recursos de los entrerrianos, tendrá un directorio reducido, con límites estrictos en las remuneraciones, producción profesional, transparencia, y un sinnúmero de beneficios para los entrerrianos afiliados.
“Tomamos una decisión que va a ser un antes y un después, porque va a permitir cortar estos vicios que encontramos y nos va a garantizar una administración responsable, transparente y eficiente”, dijo el Gobernador al presenrar la nueva obra social, aunque también podría hacer lo mismo en el Iosper. Luego prometió respetar la representación de los trabajadores y que éstos, como usuarios, serán los principales controladores.
Pero el proyecto dice otras cosas.
Qué es el Iosper
Cabe recordar primero que el Iosper, Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos, es la obra social de los trabajadores del Estado entrerriano que fue creada, por ley, el 18 de mayo de 1973, y que, el 8 de mayo de 1998, pasó a ser manejada por los trabajadores, representados en un directorio integrado por representantes electos de los siete gremios estatales: Judiciales y legislativos, docentes, municipales, provinciales, los propios empleados del Iosper, jubilados, y retirados.
Para brindar sus prestaciones, el Iosper admministra el aporte mensual de sus 300 mil afiliados, y, para el control de sus operaciones, el Gobierno dispuso un seguimiento estricto y exclusivo por parte del Tribunal de Cuentas, con presencia física en la administración, razón por la cual cualquier irregularidad es cometida con la complicidad del Poder Ejecutivo.
Es válido destacar que, económica y financieramente, la obra social funciona con las retenciones a los trabajadores provinciales, municipales y comunales, y con el aporte de sus patronales: los estados provincial, municipales y comunales.
La realidad
Ante todo, cabe reconocer que es potestad del Gobierno proponer ésto y de los legisladores hacerlo realidad, pero debe quedar claro que se trata de una expropiación de los aportes de los trabajadores, una medida arbitraria, nada fácil de justificar, y difícil de creer que no es parte de una estrategia planificada. ¿O es improvisado?
Ahora bien, lo que no dijo el Gobernador en su mediático mensaje, y sí dice el proyecto, es que el directorio estará conformado por un presidente y vice del Gobierno y dos vocales de los gremios, pero elegidos por el Ejecutivo, lo cual le permitirá al Poder Ejecutivo manejar la obra social como quiera.
Por lo tanto, de ser esta obra social administrada por el propio Gobierno, o principal patronal en este caso, éste manejará su aporte, el de las municipalidades y comunas, y el de los trabajadores, a la vez que será controlado por si mismo.
“La salud no puede quedar presa de la ineficiencia y de la corrupción”, dijo el mandatario como para meterle presión a los legisladores, aunque el Iosper lleva meses en sus manos y nada le impide hacer todo eso a través de la intervención. La única diferencia es la caja.
Dos furcios
También sorprenden en la lectura del proyecto por lo menos dos puntos curiosos que, tal vez involuntariamente, despiertan más temores y alguna que otra sospecha:
1. El inciso b del artículo 10 dice que los vocales podrán ser removidos “en caso de violación de secretos que debieran guardar sobre las actuaciones e informes del organismo”, de lo cual se infiere que la transparencia prometida no es tan importante, al igual que no lo es la ley de información pública.
2. El inciso e del artículo 17 dice que no podrán formar parte del directorio “quienes siendo autoridades de obras sociales nacionales o provinciales hubieran sido destituidos con justa causa u objeto de intervención”, de lo cual se infiere que la intervención no es una justa causa.
Conclusión
Al cabo de este repaso resulta llamativo que, con solo 17 meses de gestión al frente de la Provincia, Frigerio ya haya intervenido la obra social y, en lugar de sanearla, quiera reemplazarla por otra para apropiarse del manejo de los aportes.
Sin dudas, la medida debería despertar entre los entrerrianos algunas suspicacias y muchos temores, a la vez que, seguramente, sí desnudará las morales de los diputados y senadores.
Norman Robson para Gualeguay21
