10 febrero, 2025 12:39 pm
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Los incendios en el Delta: Una ley que promete, cobra, pero no cumple, ni la hacen cumplir

Hoy son de público conocimiento los incendios en las islas del Delta entrerriano, y su impacto sobre las ciudades vecinas, pero nadie determina el origen de esos focos ígneos, y ni la Justicia actúa en consecuencia. Puede ser la sequía, pero prima la intencionalidad, negligente de la gente, o estratégica de los productores. Pero esto no debería ser un problema si se aplicara la ley 9.868, de manejo y prevención del fuego. Ahora bien, el control del Gobierno es insuficiente, sino nulo, la Justicia es indiferente, y las islas se convirtieron en zonas liberadas abundantes de incendios.

Veamos un poco la historia de la cuestión. Desde la colonia, los incendios tuvieron lugar por causas naturales, y los pobladores de las islas descubrieron que, luego de cada quema, el pasto que crecía era mucho mejor para su ganado. A partir de este descubrimiento, en los inviernos, cuando los pastizales de la primavera y el verano se secaban y perdían su valor nutritivo, los pobladores comenzaron a quemarlos. De este modo, a las quemas naturales se le sumaron las quemas estratégicas.

Conforme pasó el tiempo, las poblaciones crecieron, y así también lo hicieron en el Delta. De ese modo, a los pobladores estables, en su mayoría con ganado, o pescadores, o de las forestales, se fueron sumando cada vez más visitas temporales de pescadores, cazadores y turistas de todo tipo. Con éstos, se sumó la negligencia como otro causal de los incendios.

Frente a este creciente concierto de factores capaces de generar un incendio, y los estragos sociales y económicos que éstos causaban, el Gobierno entrerriano se hizo presente, no para prohibir, sino para regular el uso del fuego en todo su territorio provincial. Se trata de la ley 9.868, de manejo y prevención del fuego, creada en septiembre de 2008. La misma no prohibe las quemas de pastizales, sino que las reglamenta estableciendo que para proceder con una se debe pedir autorización al Estado, y que éste dispondrá los recursos para controlarlo. 

A los efectos de aplicar esta regulación, la ley dispone que el Gobierno debe elaborar un Mapa de Zonificación de Riesgo de Incendio, y ejecutar un Plan Anual de Prevención y Lucha contra el Fuego. Por supuesto que aprovecha la oportunidad para crear, por esa misma ley, el Fondo de Manejo del Fuego de la Provincia de Entre Ríos, que recibirá el uno por ciento del total de la recaudación por Impuesto Inmobiliario Rural de la Provincia, más lo que resulte de multas, con sus intereses y accesorios, y una Comisión Administradora Provincial y de las Comisiones Administradoras Departamentales, con los cargos correspondientes.

Ahora bien, el marco regulatorio abarca por completo la problemática en todos sus frentes, pero, a la hora de los fuegos encendidos y descontrolados, en especial en este contexto de sequía por La Niña, toda esta elocuente cobertura prometida por el Gobierno brilla por su ausencia, dejando a la vista de todos una zona liberada donde la naturaleza y los hombres hacen lo quieren. 

En definitiva, y a pesar de ser ley, en el territorio no están presentes las soluciones, ni con los permisos, ni con aviones hidrantes, solo lo está con los pocos hombres que manda el Gobierno, que poco y nada pueden hacer, mientras la Justicia, esa garantía que tiene una sociedad de que la ley se cumpla, mira acá también para otro lado.

Gualeguay21

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