5 octubre, 2024 3:38 am
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Pauta oficial: Legalizaron el manejo arbitrario de la publicidad estatal

A fines del año pasado, en el más absoluto de los silencios mediáticos, el Gobierno de Entre Ríos, por decreto, y, luego, sus legislaturas, por ley, dejaron todo el manejo de la millonaria pauta oficial en las exclusivas manos de la Secretaría de Comunicaciones. De este modo, el Poder Ejecutivo, a través de su cartera de prensa, puede realizar, con un mínimo control, todos los contratos publicitarios que quiera. Se trata de un atropello inconstitucional que, en perjuicio del pueblo, beneficia a quienes estén en el poder, y a los medios que sean contratados.

A partir del decreto provincial 3920 del 4 de noviembre de 2022 se facultó a la titular de la Secretaría de Comunicación “a autorizar y efectuar contrataciones con proveedores de espacios publicitarios durante el período comprendido desde la fecha del presente hasta el 9 de diciembre de 2023 mediante el procedimiento de Contratación Directa por vía de Excepción bajo la modalidad de libre elección por negociación directa”, previsto ésto en los artículos 26 y 27 de la ley 5140, “hasta el límite Nivel II, y conforme a los montos establecidos en la normativa vigente”. 

Días más tarde, el 13 de diciembre, el Senado aprobó el proyecto ya aprobado en Diputados, y el decreto fue ley. Esta modificación a la Ley 5150 permite la contratación directa de la publicidad oficial “mediante libre elección por negociación directa de los proveedores, cuando sea necesario publicitar los actos de gobierno, desarrollar campañas de promoción y difusión de políticas públicas y toda otra acción tendiente a difundir las acciones gubernamentales, llevando un registro público y actualizado de medios de comunicación”.

Cabe destacar que este decreto no solo corrompe y pervierte la legitimidad de las contrataciones del Estado, sino que, también, atenta contra los principios de transparencia, eficacia, pluralismo y austeridad enunciados en el artículo 14 de la Constitución provincial de 2008, nunca cumplidos por gobierno alguno.

En otras palabras, a partir de este decreto, se cambia totalmente la naturaleza de la contratación de las pautas publicitarias del Estado. Vale recordar que el principio rector de toda contratación estatal es la licitación, y que, cuando no se pueda cumplir con ese proceso, debe ser tratado como una excepción, un procedimiento que requiere el cumplimiento de una serie de requisitos administrativos que la fundamenten. 

Eludir ese proceso, y librarlo a una modalidad de elección arbitraria de los funcionarios a cargo por negociación directa, es algo extremadamente discrecional que da por tierra la naturaleza original de estos procesos.

Por otro lado, el artículo 14 de la Constitución Provincial establece que la publicidad oficial, realizada por la Provincia, los municipios y las comunas, tiene por objeto “garantizar la vigencia del principio republicano de publicidad de los actos de gobierno y el derecho a la información pública”, y que su adjudicación debe regirse “por los principios de transparencia, eficacia, pluralismo y austeridad”. 

Del mismo modo, este artículo determina que “la ley establecerá pautas objetivas para asegurar la distribución equitativa y no discriminatoria de espacios en los medios de comunicación social que se inscriban para tal fin”. Claro está que una arbitraria y discrecional contratación directa de la publicidad oficial es, a todas luces, inconstitucional.

A pesar de todo esto, y a modo de legitimizar lo ilegítimo, los legisladores oficialistas, “legítimos representantes del pueblo”, impusieron con sus mayorías la legalización de este atropello del Poder Ejecutivo, quien, desde ahora, podrá, con el dinero de los entrerrianos, dar a conocer lo que quiera y como quiera.

Por último, no resulta llamativo que esta violación alevosa de una garantía consagrada en la Constitución Provincial no haya sido puesta en conocimiento de la opinión pública en toda la dimensión de la aberración, ya que a nadie le conviene que así sea, menos a los medios hegemónicos provinciales que se benefician de esas pautas.

Norman Robson para Gualeguay21

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