Pedirán informes sobre la ley para explotar las islas
Reclaman que se revea la ley sancionada, que sumó la oposición de la provincia de Santa Fe. Denuncian que “viene a contramarcha de acuerdos que la propia provincia había suscripto”.
El integrante de la organización ecologista M´Bigua, Diego Rodríguez, dijo a Recintonet que junto a entidades ambientales de Buenos Aires y Santa Fe están analizando el texto que crea la empresa Arroz Delta Entrerriano S.A., derogó la 9603 (ley de Arrendamientos de Tierras Fiscales) y con ella la prohibición de aplicación de agroquímicos en los territorios fiscales del delta contenida en el artículo 4º de esa norma. En ese sentido, adelantó que pedirán informes “sobre las cuestiones técnicas de la norma”, ya que, según constataron, “no cuenta con ningún dictamen técnico de los organismos competentes de la provincia: Secretaria de Ambiente, Dirección de Hidráulica, o Ministerio de la Producción”. Asimismo, sostuvo: “Estamos evaluando cómo va a seguir adelante este proyecto, porque viene colisionando con la Constitución provincial, por lo llevado adelante por Entre Ríos desde 2008 y con acuerdos interjurisdiccionales que se encuentran firmados y en ejecución. Una ley que no observa todos estos antecedentes debería ser revisada”.
Rodríguez recordó “el escenario histórico” en que Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires coordinadas por la Secretaria de Ambiente de la Nación “han suscripto una serie de documentos y compromisos que se vienen desarrollando desde 2008, por el cual se pretende llevar adelante una gestión coordinada de lo que son las aéreas humedales del delta”. Allí se detallan las actividades “que se pueden llevar con bajo impacto, y las que se saben que tienen altos riesgos, como por ejemplo la producción de determinados cultivos que requieren paquetes tecnológicos de agroquímicos”. En ese marco, “que la provincia sancione una ley que apunta a una producción intensiva de arroz, cultivo que requiere una cantidad de agroquímicos importantes y con necesidad de mucha cantidad de agua, viene a contramarcha que los acuerdos que la propia provincia había suscripto y actividades que se vienen realizando hace ya varios años con resultados positivos”, cuestionó.
Además, advirtió: “El programa político de desarrollo de la provincia en materia ambiental y de uso de tierras está delineado por la propia Constitución entrerriana, donde hay artículos como el 67, 68, 85 y 86 que determinan una prioridad para este el desarrollo de las pequeñas y medianas industrias y los productores entrerrianos; y esta ley apunta básicamente a una sociedad anónima, que es la figura privada por excelencia, y con una licitación pública en donde seguramente quienes van a concurrir van a ser inversores y muy probablemente no de entre ríos e incluso hasta extranjeros”. Y remarcó en ese punto que “algunos puertos de Argentina, incluso el de Diamante, están fuertemente influenciados por empresas trasnacionales”.
Posteriormente, Rodríguez alertó sobre la “concesión directa por 99 años a una sociedad anónima, además del uso y posibilidad de explotación de un territorio importante y extremadamente delicado como es el delta”. Estos aspectos “deberían ser revisados, readecuados a lo que expresamente dice” la Carta Magna, sentenció el letrado.
Finalmente, cuestionó que la sanción de la norma se diera “sin ningún tipo de debate”, ya que incluso era desconocida para los diputados de la oposición.
En tanto, consultado por Recintonet, el secretario de Ambiente Fernando Raffo indicó que “en unos 20 días” habrá información sobre el proyecto que se impulsa en el Delta.
RecintoNet