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Por un balazo en la panza, la Provincia y un policía deben pagar millonaria indemnización

Hace poco tiempo atrás, la Justicia entrerriana ordenó que el Estado provincial, y un funcionario policial entonces afectado a Gualeguay, paguen casi cuatro millones de pesos en concepto de indemnización, a un vecino baleado en 2017 por el efectivo policial. A cinco años de aquel hecho, finalmente, luego de dos instancias, la víctima obtendría un justo resarcimiento económico por lo sufrido. Pero a su victimario, quien intentó matarlo, la Justicia nunca lo castigó, sino que nunca perdió su libertad.

Todo comenzó a principios de septiembre de 2017, cuando, pasada la medianoche, la víctima, un trabajador informal de la construcción, conversaba con un amigo en la vereda de su casa. En ese contexto, apareció el agresor, un policía activo afectado al Puesto Caminero de Gualeguay, en ese momento fuera de servicio, y, luego de un par de palabras, le disparó en el abdomen con su arma reglamentaria. “¿Lo conocen a Juan?”, le preguntó el funcionario, “¿Qué Juan?”, preguntó el vecino, y, antes de dispararle, el agresor le respondió: “El que tira tiros”. Luego del inesperado ataque, el hombre, herido de gravedad, fue trasladado al hospital San Antonio, donde fue intervenido para reconstruirle el intestino delgado, perforado por la bala. 

A partir de este hecho, intervino la justicia y, en octubre de 2019, en un juicio abreviado, el victimario reconoció su ataque y aceptó la pena de 3 años de prisión condicional por el delito de lesiones graves. Luego de ésto, la víctima inició una demanda contra el Estado y su atacante por algo más de 2 millones de pesos, más intereses y costas del proceso. Motivó ésta demanda el hecho de que el agresor, un funcionario activo al servicio del Estado, se valiera para el ataque de su arma reglamentaria, una pistola calibre 9 mm, Fm Hi Power, modelo Detective, perteneciente a la Policía de Entre Ríos.

Frente a esta demanda, luego de algunos intentos en vano de desligarse de las responsabilidades del caso, en agosto de 2021, el Juez Civil y Comercial de Gualeguay, Dr. Fabián Morahan, ordenó que el Estado y el funcionario agresor le paguen a la víctima 3,7 millones de pesos en concepto de incapacidad sobreviniente, daño estético y psicológico, entre otros rubros. Ante la apelación del Estado entrerriano, en junio de este año, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná, tribunal integrado por los Dres. Adriana Acevedo, Hugo González Elías y Marcelo Baridón, rechazó ese recurso y dejó firme la sentencia del Dr. Morahan.

Cabe destacar que primó entre los jueces de primera y segunda instancia el criterio de responsabilidad compartida entre el Estado y el agresor, ya que, al momento del hecho, el atacante era un efectivo activo de la Policía de Entre Ríos, institución al servicio exclusivo del Estado provincial, y realizó el ataque con un arma de fuego propiedad de la fuerza y provista por ésta. De ese modo, el Estado y el agresor deberán pagarle a la víctima algo más de 3,7 millones de pesos.  

Ahora bien, más allá de que se resarza a la víctima con un dinero que difícilmente repare lo ocurrido, llama la atención el destino del agresor, quien con alevosía se acercó a su víctima para pegarle un tiro, no en los brazos o en las piernas, sino en el cuerpo, demostrando claras intenciones de querer acabar con su vida. No obstante esto, la Justicia penal apenas lo castigó, o apercibió, y solo perdió su trabajo, pero no su libertad.

Gualeguay21

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