Promueven ley para evitar llamadas de telemarketing no deseadas
La diputada provincial del Frente Entrerriano Federal (EFE) Rosario Romero, acompañada con la firma de diputados de todos los bloques legislativos, presentó un proyecto de ley por el que “se establece un sistema de protección para los usuarios de servicios telefónicos contra los abusos en los procedimientos de contacto realizados con fines de promoción, publicidad o propuesta de acceso a bienes o servicios de cualquier naturaleza y por cualquier título que fuere”.
Además, se crea un registro “registro para el resguardo del usuario del servicio de telefonía”, que deberá estar en poder de la Dirección de Defensa del Consumidor de la Provincia, como autoridad de aplicación de la norma.
En los fundamentos, la diputada Romero expresó que “esta iniciativa ya se encuentra en funcionamiento en distintas jurisdicciones del país, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley Nº 2014), Santa Fe (Ley Nº 13.112) y San Juan (Ley Nº 8052) entre otras, y constituye una medida de acción positiva destinada a tutelar los derechos de usuarios y consumidores que a diario se ven literalmente atosigados por un constante acoso destinado a la promoción u ofrecimiento gratuito y oneroso de distintos productos y/o servicios”.
Respecto de su implementación, la legisladora subrayó que “el procedimiento a seguir por parte del usuario será muy sencillo y de fácil acceso: quien no desee recibir este tipo de llamados debe comunicarse con el Registro que funcionará en la Dirección de Defensa del Consumidor y darse de alta en el mismo, y de esta forma, transcurridas 24 horas desde la inscripción, quienes realicen servicio de telemarketing quedarán inhabilitados a realizar dicha tarea con los números telefónicos asentados en el registro”.
“Con la presente iniciativa claramente nos posicionamos en el camino del reconocimiento y ampliación de derechos para el constante y creciente número de consumidores y usuarios existentes”, agregó Rosario Romero.
Finalmente, la diputada puntualizó que “para garantizar un cabal conocimiento de lo establecido por esta ley, consideramos determinante por parte del Poder Ejecutivo, a través de la Autoridad de Aplicación, la difusión de la existencia y funcionamiento del Registro como medida de educación para el consumo responsable”.
Fuente: APF