Proponen reformas para el Código Procesal Penal provincial
La semana pasada, el Superior Tribunal de Justicia entregó al gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, propuestas a considerar para la reforma y modificación del Código Procesal Penal de Entre Ríos, el cual aún no ha cumplido 10 años de implementado. Según lo informado por el propio Superior, los objetivos son darle claridad al proceso penal, establecer plazos razonables y claros, y fijar procedimientos específicos para cada recurso, entre otras cosas. De este modo, la Justicia entrerriana estaría reconociendo que no estaría funcionando tal cual lo esperado.
Cabe recordar que un Código Procesal Penal es el conjunto de normas y procedimientos que deben seguir los agentes de justicia en el proceso acusatorio, donde los fiscales lideran la Investigación Penal Preparatoria, donde se busca consolidar la acusación, y los Jueces de Garantía velan por la seguridad jurídica de los procesados, evitando que se vulneren sus derechos, mientras que las defensas, públicas o privadas, procuran demostrar la inocencia de éstos.
De acuerdo a lo informado desde el Superior Tribunal de Justicia provincial, el mandatario entrerriano había encargado a los jueces de su Sala Penal, Claudia Mizawak, Daniel Carubia y Miguel Ángel Giorgio, la elaboración de sugerencias para ser elevadas al Poder Legislativo, para ser evaluadas en busca de un mejor funcionamiento del sistema penal en la provincia. Claro está que ningún jefe de Estado solicita algo así si el sistema funciona bien.
Ahora bien, si bien aseguran que las propuestas elevadas surgieron de reuniones con integrantes del foro penal de toda la provincia, en las que se realizaron aportes, y se intercambiaron ideas y sugerencias, las falencias del sistema han quedado a la vista en estos diez años de experiencia, en los cuales muchas veces quedaron comprometidos los derechos constitucionales de los procesados.
Precisamente, las sugerencias formuladas desde la Justicia, giran en torno al fortalecimiento del rol de los jueces y juezas de Garantías durante la Investigación Penal Preparatoria, a los plazos de duración de ésta, al efectivo y oportuno control jurisdiccional en las detenciones, a la actuación dinámica de las partes dentro del proceso, a la plena vigencia del principio de oralidad, al abordaje del juicio abreviado y sus alcances, y a la importancia de la etapa intermedia y los métodos alternativos de resolución de conflictos.
Qué quiere decir ésto
Aunque no informaron en detalle sobre cuáles serían las reformas, se espera que se le otorgue a los jueces de Garantías facultades que los obliguen, y les permitan, garantizar un justo proceso a los acusados, y que la Investigación Penal Preparatoria sea un proceso donde los fiscales, y los abogados, estén obligados a investigar, y no a armar los casos según lo conveniente.
Por otro lado, respecto del juicio abreviado, sería interesante que tenga cláusulas que no faciliten la Investigación Penal Preparatoria, que impidan cerrar penas leves por delitos graves, y que impidan obligar a los procesados a aceptar una condena so pena de una mayor en juicio oral.
Por último, también se espera que sean revisados las distintas instancias del recurso de queja, de forma de que en estas puedan revertirse los errores cometidos en las instancias previas, incluso en la Investigación Penal Preparatoria.
Gualeguay21