Empresarios locales del sector denunciaron la ejecución de obras y constataron el inicio de trámites para la radicación de un supermercado, cuya superficie superará la autorizada por la Ley provincial Nº 9.393.
Precisamente, la ley prevé que en función de la cantidad de habitantes (50.000 personas) solo se puede radicar un comercio de 500 metros cuadrados. Como contrapartida, la Municipalidad pretende sostenerse en una norma local, que habilita hasta 800 metros cuadrados.
Consultado por UNO, el dirigente mercantil e integrante del Centro Económico Fabio Akiki sostuvo que las obras se realizan en un predio de más de 2.000 metros cuadrados, lo que excede ambas normativas.
“Nos enteramos por ver movimiento en el interior. A raíz de ello reclamamos al intendente (Luis Erro), el cumplimiento de la Ley Nº 9.393, y luego de una reunión el jefe comunal se comprometió a convocar al Consejo Provincial de Comercio Interior (Coprocin) para analizar la factibilidad de la radicación”, señaló.
De todos modos, lamentó que haya una autorización municipal para el inicio de obra y el trámite iniciado. Incluso, la apertura estaba prevista para los próximos días, aunque hubo un retraso en la marcha de los trabajos, según se supo.
“Nosotros no estamos en contra de los emprendimientos, sino que pretendemos que se cumpla con la ley”, agregó Akiki. Es que, sostuvo, una norma provincial está por encima de una municipal: “En todo caso, una Municipalidad debería sancionar una norma que establezca que no adhiere a la ley provincial”, fundamentó.
Y explicó que si bien los defensores del nuevo emprendimiento privado sostienen que se utilizará solo un sector de la amplia manzana que ocupan, Akiki mencionó que en la Ley Nº 9.393 se contabiliza como superficie el sector de locales, depósito, oficinas y playa de estacionamiento.
A diferencia de esa consideración, para el jefe comunal, el local estaría en condiciones de abrir con una superficie de 800 metros cuadrados, y 1.200 metros cuadrados para el estacionamiento de vehículos.
“Le pedimos –a Erro– no que nos proteja, sino que nos ampara una ley consensuada por toda la provincia. Queremos que eso se respete”.
Empleo
Finalmente, sobre las implicancias e impacto de estos emprendimientos, sostuvo que “está comprobado” que de cada puesto de empleo que generan estas cadenas se pierden entre seis o siete, que son de pequeños locales, aunque con economía informal.
Y puso énfasis en que hay que tener en cuenta que Gualeguay es una ciudad de empleados públicos, con poca actividad industrial y aproximadamente 800 trabajadores mercantiles registrados, por lo que excluir del sustento a muchas personas resulta posteriormente difícil su reinserción.
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