San Juan Bosco: El capricho podría terminar en la justicia
En un comunicado publicado por El Debate Pregón, las autoridades del Hogar Escuela San Juan Bosco hacen saber a la comunidad su decisión, en conjunto con la curia, de remover de sus instalaciones, a partir de fin de mes, a los 12 niños allí alojados, y entregarlos al Copnaf para que se haga cargo. Una actitud que no solo traiciona el objeto de tan cara entidad, sino que también viola su estatuto, a la vez que olvida lo dispuesto por la ley. Habría una denuncia penal en ciernes.
En la publicación, las autoridades del Hogar Escuela San Juan Bosco informan a la comunidad que la misión de la entidad nacida por iniciativa de Don Roberto Epele “obedece a los sentimientos del Corazón de Jesús que tiene como prioridad a los niños, a los pobres, a los sufrientes”, pero resuelve, unilateral y arbitrariamente, que seguirá dando su aporte a los niños de Gualeguay que lo requieran, pero que desde abril será el Copnaf quien se tendrá que hacer cargo de alojar a los niños.
“Hasta ahora, el abordaje de la ayuda a los niños en riesgo de Gualeguay se llevó a cabo a través del Copnaf (hogar) y de enseñanza privada (escuela) con las directivas pastorales del Obispado de Gualeguaychú, al cual pertenece nuestra institución”, dijeron al respecto en el comunicado, y agregaron que, después de “discernir” mucho con el Padre Leiva y Monseñor Zordan, decidieron no renovar el acuerdo marco con el Copnaf.
Las razones de esta decisión, según dicen ellos mismos, sería la magnitud de la delicada tarea que deben cumplir (cuidar a 12 niños), y una supuesta decisión del Copnaf de hacerse cargo de los niños, mientras que ellos se dedicarán pura y exclusivamente a los niños de la escuela.
Para finalizar, el comunicado anuncia también que decidieron “dar continuidad al trabajo evangelizador y promotor de la minoridad en riesgo de Gualeguay desde la escuela de gestión privada”, a la cual asisten 120 niños, y que, para ello, necesitarán “la continuidad del apoyo de la comunidad de Gualeguay para cubrir las inversiones que sean necesarias”.
Hasta aquí lo expresado en la publicación, en la cual informan, en síntesis, y con total desfachatez e hipocresía, que se deshacen de los niños a partir del mes que viene, que se concentrarán en la escuela privada, y que necesitarán más plata de la comunidad para ello.
Ahora bien, según lo que se desprende de este comunicado, y en conocimiento de las leyes vigentes y del estatuto de la entidad (Escribanía Lacorazza, noviembre de 1993), la comisión directiva de la entidad y la propia curia se han adueñado de la entidad de tal forma que creen que pueden disponer de los bienes y de la vida de los niños internados a su antojo, algo para lo que NO están facultados.
Para poder hacerlo, se debe modificar el estatuto, para lo cual deben convocar a una asamblea extraordinaria de socios donde una mayoría especial podrá decidir al respecto.
Por otro lado, vale recordar que mientras opere como residencia, el Hogar deberá seguir cumpliendo con la Ley Provincial N° 9.861, la cual norma sobre la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes en Entre Ríos, adhiriendo a los derechos de los niños adoptados por la Argentina a través de sendos tratados internacionales, creando el Copnaf como organismo de aplicación de la misma, y estableciendo el marco en que deben actuar las residencias socio educativas en la provincia.
Del igual modo, también es oportuno señalar que el Hogar también debe rendirle cuentas a la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Entre Ríos, la agencia que tiene por tarea “resguardar la vida institucional de todas las entidades, sin descuidar que los que desarrollan y llevan adelante la vida social y el cumplimiento del objeto social son los socios”.
De este modo, la pretensión arbitraria de la comisión directiva de cerrar la residencia atentaría contra las leyes vigentes de varias formas y en varios sentidos, si es que no lo ha hecho ya en su funcionamiento informal.
Por último, trascendió de fuentes genuinamente interesadas en los niños vulnerables que, ante tanto abuso y desatino rayano con el delito, se está evaluando la presentación urgente de una denuncia penal y otras acciones similares en otros ámbitos.
Norman Robson para Gualeguay21