Trece días y seguimos participando
Hoy miércoles 23 de mayo pasaron trece días de aquella interpelación donde los paladines ambientalistas, acompañados por el municipio, interpelaron al cuestionado secretario ambiental de la provincia y su equipo por la situación de clausura de la planta de Quimiguay.
Trece días pasaron de aquel momento en el cual ese secretario se comprometió a expedirse sobre la clausura en el término de dos semanas a partir de que la Municipalidad le entregue el expediente que la argumentaba.
Trece días pasaron de aquel instante en el que el dúo dinámico de secretarios municipales aseguró, inmutable, que de inmediato le entregarían en mano el expediente al cuestionado secretario.
Trece días pasaron de aquella reunión de la cual los ambientalistas se retiraron satisfechos luego de haberse reunido con el Secretario y transmitirle la larga serie de violaciones en las que incurre Quimiguay, pero que el propio Secretario desconoce amparándose en las leyes provinciales y nacionales.
Pero hoy, trece días después, nos enteramos que el municipio nunca le entregó el expediente al Secretario, ni ese día ni después, ni se molestó en mandárselo, nada.
En trece días ninguno de los secuaces municipales pudo fotocopiar un expediente, meterlo prolijamente dentro de un sobre tamaño oficio, cerrarlo, escribir los datos de la Secretaría de Ambiente Sustentable de Entre Ríos como destinatario y despacharlo por un correo privado.
Si los ambientalistas, particulares que se mueven con su propio esfuerzo, pudieron enviarle todos los documentos que obraban en su poder… ¿Por qué el estado municipal, con todos los recursos que dispone, no pudo enviarle una copia del expediente a la Secretaría?
Sencillamente, porque no quiere, y si no quiere, no quiere porque no quiere desnudar su incompetencia, o porque no quiere que se avance en una solución al problema.
¿Puede haber alguna otra razón que motive al Municipio a no enviar el expediente?
Definitivamente no.
Cabe destacar que si los análisis sobre los cuales se sostiene la clausura fueron mal realizados, no solo se rehabilitaría la planta sino que la comuna se expone a una suculenta demanda por daños, perjuicios, lucro cesante, etcétera, etcétera.
O sea, la loable y valiente medida municipal, tan bien recibida por muchos, podría ser un fiasco que terminaría costando sus buenos pesos.
Como siempre, Juan Pueblo paga los platos rotos.
Por otro lado, los ambientalistas se declaran tranquilos porque cumplieron con su palabra de enviarle la documentación al Secretario, mientras que son tolerantes con el funcionariado que se “encuentra trabajando en juntar la documentación requerida por el Secretario Raffo”.
Los ambientalistas persisten en pegarse con la Municipalidad para sentir poder, sin darse cuenta que el poder reside en la ciudadanía, en los vecinos, en la comunidad.
¿Y la comunidad?
La comunidad sigue esperando una gestión ambientalista seria y sustentable por parte del estado y de las asociaciones civiles.
La comunidad sigue esperando que se revea la legislación vigente, comunal, provincial y nacional, que legaliza la instalación y operación de plantas como Quimiguay.
La comunidad sigue esperando que el estado municipal y las asociaciones civiles se avengan, de una vez por todas, a definir y legislar una planificación urbana que impida la radicación de estas empresas entre nuestras casas.
La comunidad sigue esperando que los ambientalistas comprendan que nunca pueden aliarse con el estado en ninguna de sus formas, ya que este siempre se encuentra en “la vereda de enfrente” y es quien debe impedir, de oficio, que estas cosas ocurran.
La comunidad sigue esperando el día en que deje de ser rehén de las internas políticas y que algún político serio atienda su problemática.
La comunidad sigue participando…
¿Hasta cuándo?
Norman Robson para Gualeguay21