Un nombramiento político y un par de desplazos convulsionaron el Copnaf local
Semanas atrás, sorprendió el nombramiento al frente del Copnaf, y en reemplazo de una profesional con experiencia, de alguien sin formación afín, ni experiencia alguna en el tema, sino por indudable filiación política. Al los días, dos profesionales experimentadas fueron removidas de sus lugares y enviadas a otros ajenos a sus capacidades, y lejos de la oficina central. Al desatarse el escándalo, éstas profesionales fueron devueltas a sus tareas, pero el clima de trabajo quedó distorsionado. Frente a los desatinos de esta nueva gestión, pares profesionales de otras agencias públicas hicieron pública su preocupación por estas irregularidades.
Cabe recordar que el Copnaf, principal agencia estatal responsable de las problemáticas de la minoridad y la familia, hoy está bajo el ala de la Diputada Provincial Paola Rubattino, quien hace y deshace dentro de esa agencia sin ningún interés por las funciones, ni por los objetivos sociales de la misma. Tal vez por su pasado como empleada del Copnaf de Victoria, alguien supuso que la legisladora profesaba algún compromiso con la protección de los derechos infantojuveniles y familiares, pero a la vista quedó que son solo recursos para su construcción política particular.
Ahora bien, cuando la Lic. Vanina Intelesano, también del riñón de Rubattino, pero de profesión psicóloga, fue reemplazada al frente del Copnaf por Eugenia Quintana, militante de la legisladora sin ninguna formación profesional, ni experiencia alguna en la problemática, el mundo comprometido con las vulnerabilidades sociales se mostró indignado, y el ambiente de esa agencia estatal comenzó a enrarecerse. Las quejas no apuntaban contra la persona de Quintana, sino contra su absoluto desconocimiento del tema, y contra Rubattino, por su desinterés en los varios flagelos que asolan a las muchas familias gualeyas.
Cuando Quintana removió de sus tareas a las profesionales Maria Eugenia Bogdan, psicóloga, y Natalia Vescina, trabajadora social, ambas con más de una década trabajando en el Copnaf, y las envió a otras dependencias fuera de la oficina, sin una misión determinada, la situación trascendió los muros de la agencia local y, de inmediato, la flamante coordinadora debió dar marcha atrás y restaurar a las licenciadas en sus puestos. Pero el clima siguió enrarecido, y muchas tareas quedaron postergadas.
“No son tiempos estos para distraernos de los problemas que tenemos, sino para reforzar nuestra presencia con acciones concretas”, manifestó alguien preocupado por la grave situación de los niños y adolescentes de Gualeguay.
Motivadas por toda esta situación, profesionales del trabajo social de Gualeguay decidieron sacar a la luz toda esta situación y difundieron un comunicado, firmado por ellas, advirtiendo sobre “las irregularidades producidas en el COPNAF”, y solidarizándose “con las colegas que desempeñan sus funciones en dicha entidad”. En el texto, compartido con dirigentes políticos y medios de prensa, señalan que “esta situación acarrea no solo la vulnerabilidad de la fuente de trabajo, sino también un daño importante y evitable a quienes esa institución debe proteger, niño/as y adolescentes”.
En el mismo sentido, el documento también señala, en clara alusión a la legisladora gualeya, o a su referente, que “el poder que ostentan algunos funcionarios, quienes toman decisiones arbitrarias, impiden el desempeño y las garantías propias en ese espacio, que tiene como fin, garantizar derechos vulnerados de un sector de la sociedad”, a la vez que destaca que “estas decisiones desconocen la labor y trayectoria profesional de los Trabajadores Sociales que allí se desempeñan”.
Por último, el comunicado también remarca que todo lo que está ocurriendo en el Copnaf “afecta el libre ejercicio profesional, generando malestar, miedos, incertidumbres que desfavorecen el trabajo diario”, y denuncia que esa agencia “tiene, para algunos trabajadores, mensajes intimidatorios que provocan situaciones incómodas, injustas y represivas”.
Esta iniciativa, que exige que las conductas de los funcionarios cesen, y que se pueda dialogar para evitar que estos problemas sucedan a lo largo del tiempo, fue firmada en Gualeguay, el pasado 5 de mayo de 2022, por las profesionales Lic TS Larisa Lardit, Lic TS Cintia Alarcón, Lic TS Silvana Villavona, AS María Inés De Zan, Lic Marisol Gallo, y Lic TS Alejandra Scabini.
Norman Robson para Gualeguay21