Oligopolio oriental en Gualeguay

Días pasados, otro de estos emprendimientos inicio sus trámites en la Secretaria de Obras Públicas, esta vez en Paancho Ramírez entre Colón y Rosario del Tala, lo que significa una sentencia de muerte para muchos comercios de ese sector de la ciudad, condenando a esas familias a la desgracia económica.
Para magnificar el impacto de este emprendimiento, Gualeguay21 realizó un censo de comercios solo en un radio de 3 cuadras a la redonda del lugar adquirido, el cual tiene unos 30 metros de frente por otro tanto de fondo.
En este relevamiento, se detectaron 28 pequeños comercios que conviven amoldados a la economía de ese barrio, de los cuales 20 son despensas, 2 verdulerías, 2 carnicerías, 2 panaderías, 1 pollería y 1 venta de artículos de limpieza. De estos estos negocios viven más de 30 familias.
Demás está resaltar que la instalación de una gran superficie comercial en ese sector arrasará no solo con todos estos, sino que, también, con todos aquellos ubicados en la periferia barrial más cercana.
La oferta local
En Gualeguay ya se instalaron 8 supermercados de los mal llamados “chinos”, 3 de las grandes cadenas nacionales, y solo cuatro de capitales locales, lo que demuestra un oligopolio oriental que se consolidaría con una nueva unidad.
En este contexto, todo indicaría un crecimiento potencial de los supermercados orientales, mientras que una de las cadenas nacionales ya estaría reviendo su situación, y las locales cada vez están más comprometidas.
De este modo, la hegemonía de un oligopolio oriental manejando la oferta alimenticia de Gualeguay no es un fantasma, sino una realidad que ya está a la vuelta de la esquina.
Como son los “chinos”
Como primera medida, vale destacar que no son “chinos”, sino que son argentinos nacionalizados de origen oriental llegados no hace mucho al país pero que, a pesar de la barrera idiomática, comprendieron rápidamente el perverso sistema político comercial argentino y, con total impunidad, se han impuesto en las ciudades liquidando las plazas de pequeños y medianos comercios.
A pesar de esta realidad archiconocida, y del potencial peligro que este oligopolio representa para la comunidad, la Municipalidad local siempre ha mirado para otro lado dejándolos crecer y liquidando al pequeño comerciante, el cual, desde aquella patriada contra Walmart en 2010, ha quedado totalmente indefenso.
Igualmente, vale destacar que la solución política no es fácil, ya que, a diferencia de los empresarios locales, los orientales cultivan un manejo arbitrario y abusivo de la situación, lo cual los coloca en un contexto de cuasi ilegalidad donde las normativas políticas no siempre sirven.
Los siguientes son algunos de los aspectos que más los identifican.
1. No dan trabajo, ya que evadiendo todas las normas ellos mismos cubren las distintas tareas, en un marco de voluntaria esclavitud encubierta.
2. No pagan impuestos, y cuando aparecen los controles y las clausuras cambian rápidamente de dueños y se esconden gracias a su típico “no entiendo”.
3. No cumplen las normas sanitarias, pues no respetan los estándares y buenas prácticas en el adecuado manejo de alimentos, poniendo en riesgo la misma salud de su clientela.
4. No devuelven nada a la comunidad, como así lo hacen los empresarios locales a través de la adquisición de rifas y bonos, donaciones y participación de diferente tipo.
5. Gran disponibilidad de capital que le permite “sortear” todo tipo de trabas, sean comunales, provinciales o nacionales, recursos que, según denuncian, provendrían del lavado de dinero, ecuación que le permite “subvencionar” sus precios y competir deslealmente.
A todo esto es necesario agregar que, al no respetar ninguna de las normas vigentes, se le hace difícil al Estado poder controlarlo, lo cual termina degenerando en la proliferación de estos emprendimientos.
La necesidad tiene cara de hereje
Toda esta situación no surge porque sí, sino que es consecuencia de una serie de factores, todos vinculados con las necesidades sociales.
Pasa que la emergencia económica general, y la nula oferta laboral, por un lado, han impulsado la masiva proliferación de estos pequeños negocios, los cuales surgen como salida económica ante la falta de empleo y la crisis, a la vez que, por otro lado, la comunidad demanda precios lo más baratos posibles para sortear la situación, en desmedro de la calidad, la sanidad, la lealtad, etcétera.
De este modo, la propuesta supermercadista oriental termina dividiendo a la comunidad entre aquellos que defienden su trabajo y aquellos otros que quieren comprar más barato.
Pero lo que ni uno ni otro pondera, ni el Estado entiende, es que, una vez consolidado el oligopolio oriental, nadie podrá impedirle a este imponer los precios, calidades, cantidades y sanidades que se le dé la gana, sometiendo a la comunidad a cualquier pretensión.
La indiferencia de siempre
Ante este escenario, el poder político tiene dos caminos a seguir: O mira para otro lado y aprovecha para recaudar, o se hace cargo de la situación y toma al toro por sus astas.
En nuestro caso, lamentablemente, las últimas gestiones han optado por evadir la situación traicionando a la comunidad, ya que les ha sido más conveniente aprovechar la situación para engrosar la recaudación que asumir el costo político de ordenar el desarrollo.
Tan es así que, en la última década, incluidos los dos años de esta gestión, no se han generado puestos de empleo genuino, ni se avizora política alguna en tal sentido, ni se ha innovado en ninguna solución en este sentido.
Como se soluciona
Si bien la realidad está acostumbrada al desorden, la situación demanda normativas acordes a la misma y su estricta aplicación, asumiendo el desafío de proteger a la comunidad.
En lo puntual, una ordenanza, si bien no puede prohibir un derecho constitucional, si puede, y debe, imponer restricciones y requisitos que impidan esta situación.
O sea, la Municipalidad, como lo han hecho otras comunas, puede definir un marco reglamentario para la habilitación de comercios en función de la superficie, de su ubicación geográfica, de la demanda, etcétera, a la vez que puede imponer un riguroso régimen de control que le impida “mutar” frente a las inspecciones locales, provinciales y nacionales.
De este modo, no solo se detendrá la expansión del oligopolio, sino que se establecerá un escenario de igualdad competitiva entre todos los actores, independientemente del tipo de empresa.
Conclusión
De lo expuesto se concluye que, por lo menos, todavía no todo está perdido, sino que solo hacen falta políticos y dirigentes que salgan a defender los intereses de los ciudadanos.
Si bien, según la historia inmediata, esta iniciativa difícilmente surja del poder, deberán ser los ciudadanos quienes, ante la indiferencia de estos, salgan a buscar las soluciones necesarias.
Norman Robson para Gualeguay21