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Dos colegas, meses atrás, fundaron El Metrónomo, un programa periodístico televisivo con réplicas en las redes sociales. Se presentaron ante la Municipalidad local y obtuvieron por pauta pública un spot publicitario. Pero les duró poco, porque se las quitaron porque informaban muy poco de lo que hacía el Municipio. Un hecho que desnuda la corrupción naturalizada en el Poder Ejecutivo, y su costumbre de coaccionar a los medios.
La pauta publicitaria, en cualquier medio informativo periodístico, sea contratada por el sector público o por el privado, no implica condicionamiento alguno sobre los contenidos de información a difundir. En otras palabras, contratar publicidad no da derecho alguno sobre los contenidos de difusión. Dicho de otra forma, la publicidad no obliga a hablar bien del que publicita, ni prohíbe hablar mal, si fuese noticia.
De esa manera, el Poder Ejecutivo municipal de ningún modo puede condicionar contenidos en ningún medio, y, mucho menos, imponerlos a cambio de la pauta pública. Eso es, lisa y llanamente, atentar contra la libertad de prensa. Eso es coacción. Eso es delito. En síntesis, el gobierno no puede decirle a los medios qué decir, y, mucho menos, obligarlos a decirlo.
Por otro lado, por ley, el Estado está obligado a informar todos sus actos de gobierno a todos los medios, pero ningún medio está obligado a difundirlos. Es prerrogativa de cada uno hacerlo o no.
Ahora bien, en este caso en particular, una gestión de gobierno que desde sus inicios esconde sus actos de la sociedad, se niega a informar lo que hace, y manifiesta abiertamente su desprecio por la actividad, nada de esto sorprende. Solo confirma su grado de corrupción, a la vez que expone, nuevamente, su desprecio por las leyes que establecen sus deberes y obligaciones.
La Prensa es libre, sino no es Prensa.
Norman Robson para Gualeguay21
