Impuestazo de ahogado

Esta mal llamada Reforma Tributaria estableció subas, para todas y todos, independientemente del tamaño.
Subas de entre 20% y 30% para los impuestos inmobiliario rural y urbano a partir del año que viene, nuevos gravámenes para todos los Juegos de azar, aumento de la alícuota general sobre los Ingresos Brutos del 4% para todas las micro, pequeñas y medianas empresas y firmas prestadoras de los servicios de electricidad y gas natural.
Todo a partir del 1 de enero de 2014 y hasta el 31 de diciembre de 2015.
Según el Gobernador Urribarri, ésta es una reforma integral que propone que los sectores que se beneficiaron en estos años de enorme crecimiento ahora tienen que aportar en consonancia con los beneficios obtenidos, cuando en realidad, los impuestos Inmobiliario, Ley 4035 e Ingresos Brutos afectan a todos por igual, independientemente de si se enriquecieron o no en la famosa década ganada.
De este modo, en la medida que dirigentes, empresarios y profesionales fueron avanzando en el contenido del texto de la mencionada ley, crecía el escozor ante su contundente impacto socioeconómico en las actividades y en los bolsillos, provocando que entidades, a lo largo y ancho de la provincia, comenzaran a reunirse para defenderse de este desesperado manotazo de un estado ahogado económica y financieramente.
Un Gobierno provincial que, consciente de la complicada situación de sus arcas luego de afrontar el capricho electoral sin medir los costos ni prever el ya claro rumbo de la situación socioeconómica general, hoy pretende recuperarse echando mano de la emisión de letras y de este improvisado proyecto tributario.
Así fueron brotando los primeros análisis del impacto negativo de la medida, los que contrastaron con las ridículas explicaciones públicas de quienes promovieron una medida que no dejó afuera ni al campo, ni a los sueldos, ni al juego, menos al comercio, a la industria y a los servicios en general.
Cabe destacar, que esta medida es un incremento exagerado, grosero y extra inflacionario, ya que se incrementan considerablemente los porcentajes de las alícuotas sobre montos que ya evolucionaban, como las ventas, los sueldos o el valor de las propiedades, acompañando, de una u otra manera, tarde o temprano, la inflación.
Por esta excesiva injerencia, la medida producirá un quebranto económico en la economía provincial, ya que, indefectiblemente, comprometerá a los actores obligándolos a trasladar estos nuevos costos impositivos a los precios, atentando contra el consumo general.
En este sentido, al iniciarse el próximo año se desencadenará un efecto dominó que ira alterando toda la economía provincial, afectando inicialmente a los sectores primarios, industriales, comerciales y de servicios, todos por igual, y, como siempre, terminará con el bolsillo del trabajador.
Es indiscutible que los pequeños y medianos emprendimientos serán los primeros en sufrir la medida, pero el trabajador y su familia, en el corto plazo, también sentirán el efecto de la recesión y de una renovada inflación, ambos flagelos menguando sus economías domésticas.
Pero lo llamativo de la medida es que provenga de una central gremial que aglutina a los sectores estatales de seguridad, salud, educación, justicia, y administración, en aras de rimbombantes objetivos que lejos están de poder cumplirse con este impuestazo.
Es llamativo que quienes defienden los derechos del trabajador estatal promuevan una ley que en nada los favorece, salvo una hipotética buena paritaria para ellos, nada más, pero que cualquier suba obtenida será fagocitada rápidamente por el traslado a los precios y por la inflación.
Es llamativo que la medida impulsada por “trabajadores” solo favorezca las arcas patronales en desmedro de la actividad privada y que, finalmente, afecte negativamente a todo el pueblo entrerriano.
Todo es llamativo en esta ley…
Norman Robson para Gualeguay21