11 octubre, 2024 8:46 am
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Buscan visibilizar el embarazo en menores de 15 años

A fin de evidenciar las problemáticas y estrategias que se implementan en materia de embarazo y maternidad en el grupo poblacional de mujeres menores de 15 años, se llevó a cabo un panel debate en Paraná con referentes en la materia.

Convocado por el Ministerio de Salud a través de la dirección de Salud Materno Infanto Juvenil, con el acompañamiento de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), se llevó a cabo un panel debate sobre “Embarazo infantil forzado”, en el que evidenciaron las problemáticas, consecuencias y estrategias que se implementan en materia de embarazo y maternidad en el grupo poblacional de mujeres menores de 15 años.
Ante más de cien asistentes, el aula magna de la casa de estudios fue el escenario del panel, donde se brindaron datos estadísticos arrojados por un relevamiento llevado a cabo desde Cladem.
La presentación de la actividad estuvo a cargo de la vicedecana de la institución, Alicia Genolet, quien manifestó: “Como facultad estamos siempre presentes en relación a estos temas y abiertos a distintas propuestas con las cuales ir incorporando estas nuevas realidades“. La docente ahondó: “Entendemos que no solamente se contribuye a la formación de nuestros estudiantes en esos tópicos, sino que de alguna manera también se denuncian este tipo de problemas para que las propias instituciones y las políticas públicas los tomen con la seriedad que tienen”.
Por su parte, la responsable de la dirección de Salud Materno Infanto Juvenil, Karina Silva, expuso sobre las estrategias provinciales de prevención y reducción del embarazo en adolescentes. Silva referenció: “Entre Ríos se encuentra trabajando para fortalecer el sistema de protección de derechos en la provincia para la prevención de embarazos en adolescentes”, precisando que dicho sistema es patrocinado conjuntamente por los ministerios de Salud y Desarrollo Social; el Consejo General de Educación; el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y la secretaria de la Juventud; con el acompañamiento de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf).
Además, la funcionaria informó que de acuerdo a datos provistos por el sistema informático perinatal en nuestra provincia durante 2016 fueron madres 107 niñas de edades menores a 15 años.
Protocolización
Silva indicó que, en el marco de ampliación de derechos asiste a nuestra provincia, Entre Ríos cuenta con dos protocolos muy importantes: “Uno es el de Abuso Sexual Infantil (ASI) y el otro es el de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), con lo cual nosotros como Estado tenemos dos importantes herramientas a la hora de tomar cuenta este tipo de situaciones”.
No obstante, en la actualidad no se puede afirmar que todos los agentes estén en pleno conocimiento de los protocolos, “por lo que de manera conjunta, los tres ministerios y la Sennaf, nos hemos dado el trabajo de hacer encuentros con los equipos para revisar cuál es la situación en relación con el conocimiento real y efectivo de estas directrices”, completó la responsable de Maternidad e Infancia.
A su turno la coordinadora nacional del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), Milena Páramo, encabezó la conferencia donde expuso los resultados presentados en el estudio “Jugar o Parir. Embarazo infantil forzado en América Latina y el Caribe”, realizado por Cladem.
Páramo explicó que a la hora de relevar datos en toda la región de las Américas, surgió la complicación de que cada país reporta (estadísticamente) esta realidad de forma diferente: algunos lo hacen por grupos quinquenales de edad, pero la mayoría hacen referencia al grupo “adolescentes”, que es la categoría de 10 a 19 años. “Nosotras planteamos que dentro de esa franja hay universos que son muy diferentes: es distinto afrontar un embarazo a los 18 años que hacerlo a los 11; estamos hablando de causas distintas e incluso de un tipo de pena que aplicaría para estos casos, como es la violencia sexual”.
“Si consideramos que Argentina tiene un promedio de tres mil maternidades infantiles cada año, siendo que en el país está contemplada la interrupción legal del embarazo en los casos de violencia sexual, es porque hay cosas que no están funcionando”, planteó la coordinadora de Cladem.
Consecuencias
La referente explicó que, en principio, las causas del embarazo infantil forzado son distintas al embarazo adolescente y es necesario ser conscientes de la diferencia: “En la población adolescente los Estados pueden encontrar problemáticas que tienen que ver con la falta de acceso a métodos anticonceptivos o poca intervención en educación sexual integral; pero en la categoría más baja lo que se encuentra mayoritariamente es violencia sexual”. Es decir, una niña que resulta embarazada no es porque lo deseó ni lo consintió, sino porque hay abuso explícito.
Y si la causa es distinta, la consecuencia también lo será: una niña que se convierte en madre a los 12 años tiene consecuencias a nivel personal, “partiendo desde las obstétricas que sufre cualquier mujer, pero hay que decir que en estos casos hay cuatro veces más riesgo de muerte maternoinfantil; se quintuplica el riesgo de fístula obstétrica; sumado a que en estos casos la proporción de los niños nacidos con bajo peso es mucho mayor que si viviese el parto en otra edad”.
A todos estos riesgos se le suman secuelas psicológicas y sociales, “en el sentido de que una chiquita de 11 años que es madre suele salir del sistema educativo; con lo que luego se ven afectadas también sus oportunidades de inserción laboral y poder participar competitivamente”, precisó Páramo.
La especialista completó: “Estas realidades dependen mucho de que el Estado intervenga de muchas maneras: se necesitan campañas de información, hablar de violencia, de cuidados de la vida sexual, falta un programa fuerte de educación sexual integral; entonces el llamado tiene que ver con esto, decir bueno, precisamos leyes que vinculen a toda la gama del Estado que tiene que ver con esto, educación, justicia, salud y política social”.
Presencias
Acompañaron la actividad la directora del Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, Lucy Grimalt; la responsable de la Unidad de Gestión de Políticas Preventivas de las Violencias en las Relaciones de Género, Alicia Vides; la coordinadora del Consejo de Prevención de la Violencia (Coprev), Mariana Broggi; así como miembros de las asociaciones “Yanina”, “Así Basta” y “Mujeres Tramando”; así como docentes, estudiantes y público en general.
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