El mandado de Castrillon

En esa oportunidad, Castrillón, luego de criticar a su enemigo acérrimo, el Procurador Jorge García, por no acusar al Juez Carlos Rossi, y en el marco de una crítica al criterio de oportunidad de la Justicia entrerriana, dijo lo siguiente: “Si las causas se investigan por antojo, el argumento cae. Elevar a Juicio por un consumo de luz en Gualeguay por 110 pesos, ¿es importante? ¿Es importante la compra directa de espuma para un corso? No es para casos como esos que se pensó el juicio abreviado”.

Como es sabido que ya estamos entrando en campaña, que días atrás el Gobernador Gustavo Bordet visitó a Castrillón, y que el ex intendente Luis Erro ya se lanzó para volver al Ejecutivo gualeyo de la mano de Bordet y Urribarri, pero que su situación jurídica lo compromete, no es difícil, ni descabellado, imaginar que los dichos de Castrillón no son fortuitos.

Ante la realidad expuesta, es probable que el Presidente del Superior haya salido a “tantear” el terreno para extender la impunidad de la que goza Erro, quien, a pesar de una docena de causas penales que datan desde el 2009, sigue libre y bendecido ahora por Bordet, Urribarri y compañía para candidatearse en el 2019.

“Vuelvo a insistir: los organismos de control de la constitución, en funcionamiento pleno y con tiempo, evitarían muchas de las cosas que luego se judicializan”, concluyó Castrillón, insinuando que hay delitos, como aquellos contra el Estado realizados por funcionarios del gobierno, que no deberían ser juzgados.

Cabe señalar que todos los delitos cometidos por el exintendente Erro, durante su gestión del 2007 al 2015, están claramente contemplados dentro del Código Penal Argentino que nos ordena, aunque, seguramente, y como es su costumbre, tanto Castrillón como Erro podrán despregar, tal cual lo hizo García para absolver a Rossi, los argumentos convenientes que les permitan justificar los delitos contra el Estado.

Ahora bien, si bien estamos acostumbrados al delito, ya que lo hemos naturalizado en la política, cuando el mayor responsable de la Justicia entrerriana plantea que hay delitos que no son importantes, pone en riesgo nuestro estado de derecho, atenta directamente contra la propia República, y desnuda una calidad moral impropia para ese cargo.

Si, realmente, el Poder Judicial entrerriano quiere hacerle el mandado al Poder Ejecutivo de “mininizar” los jugosos antecedentes de un presunto delincuente, en una suerte de operación limpieza, para que pueda sumarse a sus filas políticas, los entrerrianos estamos al horno.

Norman Robson para Gualeguay21