Es que el mundo ya entendió que el acceso a la información es un derecho fundamental, pues promueve la participación y el control de los ciudadanos, a la vez que facilita y garantiza el ejercicio de otros derechos.
A pesar de todo esto, en la Argentina todavía no existe una ley nacional que garantice este derecho ni existe en su dirigencia consciencia sobre su importancia.
Tal es así que, en nuestro pasado inmediato, se presentaron diversos proyectos en el Congreso que se perdieron entre cajones e intenciones.
El primer intento fue en el 2001, con un proyecto de la Oficina Anticorrupción elaborado por organizaciones no gubernamentales, periodistas y distintos funcionarios.
Aquella intención entró al Congreso en el año 2002, Diputados la aprobó en 2003, en 2004 el Senado la devolvió para una revisión, y terminó perdiendo estado parlamentario en el 2006.
En 2010, el Senado aprobó un nuevo proyecto que quedó bloqueado en Diputados.
Por último, en abril de este año, el flamante presidente Mauricio Macri envió al Congreso Nacional un nuevo proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública.
A partir de este, “cualquier persona podrá pedir datos, documentos, registros” de la administración de cualquier organismo del Estado, a la vez que dispone que “el funcionario que no responda en 15 días podrá ser sancionado”.
Esta nueva propuesta, si bien cuenta con el beneplácito de los legisladores y de toda la sociedad civil, se le objeta fuertemente que no cuente con una autoridad independiente e imparcial que controle el efectivo cumplimiento de la ley.
Los argumentos esgrimidos en este sentido se basan en que los estándares internacionales exigen, y la experiencia comparada demuestra, que la autoridad no puede ser el propio Estado sino que debe ser un ente independiente e imparcial.
Entre inflación y desocupación hay un importante problema sobre la mesa que no debe ser desatendido ni tratado a la ligera, es nuestro deber darnos, de una vez por todas, el merecido acceso a la información pública, de forma de estrechar nuestro vínculo con el estado, motivar nuestra participación y ejercer un efectivo control sobre quienes ostentan el poder.
Norman Robson para Gualeguay21
