Entre la ley y la justicia

Así estamos los inocentes en este sistema, rehenes atrapados entre derechos sin saber dónde empiezan los de unos y terminan los de los otros.

El problema está en el proceso que debe recorrer el elefante judicial para recontraconfirmar la responsabilidad sobre un hecho. Un tiempo demasiado largo en el que sus hombres no son capaces de definir cuando deben anteponer los derechos de los inocentes a las garantías de los inculpados.

La Justicia no está para protegernos. Es así como lo entienden los doctores que manejan sus hilos. Es reparatoria, no preventiva, te dicen, desde la cómoda seguridad de su olimpo. Lo cierto es que los jueces dictan sentencia de acuerdo a lo que ellos entienden de la ley, y, después, que sea de los inocentes lo que Dios quiera.

Hace mucho ya que los jueces dejaron de impartir justicia y solo se limitan a interpretar la ley lo más convenientemente posible. Conveniente para la Justicia, para la Corpo, para ellos, y, a veces, para la sociedad.

Es el maquiavélico zaffaronismo en su máxima expresión, alentado por la cobardía del funcionariado temerosísimo de errar y perder los beneficios de tan próspera y redituable carrera.

De ese modo, las víctimas y los inocentes deshojamos la margarita: La ley, la justicia, mucho, poquito, nada. La ley, la justicia, mucho, poquito, nada.

En definitiva, a la Justicia solo le importa el famoso “riesgo procesal”, el resto no es problema de ella. Así de clarito. La ley dice que lo excepcionalísimo es la prisión, el último de los recursos, para lo cual debe existir una amenaza hiper probada de que el presunto criminal puede entorpecer la investigación o de que puede fugarse. Así que, si no hay pruebones de que eso puede suceder, a su casa. A lo sumo una pulserita en el tobillo.

O sea, luego de un crimen, y hasta que la Justicia efectivise la pena, lo más seguro es que el inculpado tenga todas las libertades como para vengarse, seguir delinquiendo, o cometer otro crimen.

Ahora bien, que ladrones, cuatreros y estafadores se beneficien de esto, vaya y pase, ya que, en el peor de los casos, nos expone a perder más capital, pero, cuando este beneficio alcanza a violadores y asesinos, lo que está en juego es nuestro pellejo, y alguien debería protegernos.

Sino recordemos a Micaela. Un cóctel perverso compuesto por un fiscal que cerró en 9 una pena de 25 y un juez que redujo a 4 la pena de 9, ambos interpretando la ley y no impartiendo justicia.

Sino recordemos a Broggi.

Sino recordemos a Milesi.

“Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario”. Eso no se discute, es una garantía constitucional inalienable. Pero el tema es que, cuando en un caso no existe riesgo procesal, pero si riesgo de vida para víctimas, testigos o denunciantes, a la Justicia le importa tres pepinos. Solo le importará una vez que esté consumado el riesgo. O sea, cuando un inocente esté violado, muerto o ambas cosas.

De este modo, esta política judicial atenta contra los derechos de los individuos reservados en el Artículo 14 de la Constitución Nacional y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual la Argentina suscribe.

Tan es así que, cuando existiendo cierta certeza sobre la responsabilidad de un crimen, se deja libre al presunto criminal, se condicionan o suprimen nuestros derechos a la libertad, a la salud, y a la seguridad, para que él sí disfrute de los suyos.

O sea, la Justicia privilegia los derechos de los presuntos criminales por sobre los derechos del resto de la sociedad.

¿Y ahora quien podrá ayudarnos…?

Si bien el Chapulín Colorado no existe, lo que nos puede salvar es una República ordenada en Estado de Derecho, donde los individuos se rigen por la ley y los magistrados imparten Justicia. Para esto están nuestros legisladores, los provinciales y los nacionales, quienes, aparte de disfrutar de sus jugosas dietas, deben trabajar en el marco jurídico que regula nuestra convivencia. Mejorarla es su deber para con nosotros.

Norman Robson para Gualeguay21