La corrupción sigue impune

Pero, si bien todo esto le permitió a ese importante sector de la justicia reestructurarse y expandirse de sobremanera, para beneficio de todos los entrerrianos, nada se hizo para cumplir con uno de los aspectos salientes de la nueva Constitución provincial plasmada por la Convención Constituyente en 2008: la creación de la Fiscalía Anticorrupción.
Algo de historia
Al asumir Sergio Montiel como gobernador en el 99, éste decidió investigar hechos de corrupción en el seno del Estado y creó la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, organismo dependiente de la Legislatura provincial. Gracias a esta agencia cayeron personajes como Pacayut, Mazaruca, Mori, el Dani Rossi, y el propio Montiel.
En la tercera gestión de Jorge Busti como gobernador, de 2003 a 2007, éste reemplazó la FIA por la Oficina Anticorrupción bajo el paraguas de la Fiscalía de Estado realizando sólo las investigaciones que le “encomiende el Poder Ejecutivo. Demás está decir que solo fue un adorno. Por aquel entonces, ya Julio Rodríguez Signes entendía que debía ser el Ministerio Público Fiscal quien investigara los delitos contra la administración pública.
Así fue que llegó la Convención Constituyente donde, el propio Busti y Julio Federick parieron la hoy aún decorativa Constitución de 2008, en la cual, en el artículo 208, se establece que la Procuración General designará un fiscal, con competencia en toda la provincia, que tendrá a su cargo la investigación y acusación de los hechos de corrupción y otros delitos contra la administración pública.
En el mismo sentido, ese artículo advierte que ese funcionario será designado con intervención del Consejo de la Magistratura, mientras que el Ministerio Público Fiscal asegurará los medios, el apoyo tecnológico, la continuidad y estabilidad para el cumplimiento de su cometido.
Por último, en julio de 2011, en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados se comenzó a estudiar un proyecto de ley por el cual se modificaba la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal y se le incorporaba la figura del fiscal con competencia en delitos contra la Administración Pública, el cual sería designado por la propia Procuraduría General, ya en manos de Jorge García.
Conclusión
Ahora bien, se van a cumplir ocho años de la aprobación de aquella Carta Magna en el 2008, cuatro del proyecto en la legislatura, y no solo que aún no se ha hecho nada, sino que los numerosos casos de corrupción se amontonan cajoneados a la espera de la luz divina.
En sus sendos discursos, tanto Pagneda y Mizawak, Presidentes ambas del Superior Tribunal de Justicia, como Jorge García, Procurador General, han harto agradecido el aporte dinerario del Poder Ejecutivo para expandir la infraestructura de la Justicia, pero, en ningún momento, tuvieron la iniciativa de materializar lo ordenado por la Nueva Constitución hace ocho años atrás.
Nadie osa preguntarles porqué. Así como tampoco nadie le pregunta por qué duermen en nuestra justicia local las causas contra Luis Erro, por qué avanzan en tiempo express algunas otras y otras se caen mágicamente.
Lo cierto es que a solo siete meses de que caiga el telón, todos apuestan por la impunidad de la corrupción.
Norman Robson para Gualeguay21