Los guetos

En este nuevo modelo, las otrora humildes comunidades que pujaban por sumarse al tren del progreso hoy son solo circunscripciones socialmente rotuladas como oscuras e impenetrables, superpobladas de violencia y delincuencia.
Según la impuesta mítica urbana, estos modernos guetos encierran entre sus laberínticos corredores truhanes de toda calaña que acechan de día y atacan de noche, cuando, en realidad, solo siguen siendo aquellos sectores donde mora gran parte de la clase trabajadora local.
O sea, esos barrios, ahora convertidos arbitraria y convenientemente en guetos, no son, como quieren hacernos creer, y muchos preferimos creer, nichos reproductores de más y más delincuencia, sino que siguen siendo, en esencia, simples barrios abandonados por el Estado.
Esto es fácilmente comprobable para quienes realmente quieran ver.
Para quienes se atrevan a conocer la realidad, no solo es evidente el abandono físico de la cosa pública en estos territorios, sino que se desnuda, solo intercambiando un par de palabras con quienes allí viven, la realidad social a la que han sido condenados.
Estigmatizados, rotulados, circunscriptos, condenados, quienes no pueden emigrar al centro deben soportar la exclusión, la injusticia social, la pérdida misma de su estado de derecho, y adaptarse a ello.
Esta realidad no es fortuita ni accidental, sino que obedece a políticas aplicadas por un Estado que solo ha pretendido esconder o disimular aquellas realidades que él ha sido incapaz de corregir.
Tal es así que el Estado no llega allí ni con seguridad, ni con justicia, ni con asistencia social, ni con salud, ni con educación.
Frente a este escenario, la política policial es ocultar la realidad, de forma de que la comunidad no perciba lo que en realidad está ocurriendo, recurriendo, por un lado, a las ineludibles exageraciones, mentiras y encubrimientos, y, por el otro, exponiendo a la delincuencia como un inmanejable e inescrupuloso aparato escondido en los barrios periféricos al centro.
De este modo, la policía decide qué informar, cómo informarlo, qué si y qué no, qué no informar, y qué sepultar, proyectando una realidad que nada tiene que ver con la realidad, sino que responde a un conveniente manejo del tema.
Por el otro lado, a partir de esa realidad proyectada, promueve la sectorización del territorio circunscribiendo la delincuencia a esos guetos barriales e imponiendo la creencia de que allí son todos delincuentes, a pesar de saber bien que, en su mayoría, son familias trabajadoras.
Dentro de estos guetos, que antes eran barrios y que hoy están liberados por la policía, la minoría delincuente hoy goza de total libertad e impunidad para someter a los vecinos e incorporar a todos los gurises del sector dentro de sus filas, nutriendo así la amplia y variada cadena delictiva.
Cabe recordar que estos menores, quienes nunca terminan presos por su sola condición, son la materia prima humana ideal que utilizan las cadenas delictivas de los negocios de la droga, la prostitución, el robo, etcétera.
Al mismo tiempo, estos gurises son mano de obra barata, ya que son metódicamente incorporados al vicio para poder, así, mantenerlos cautivos dentro de la cadena pagándoles solo con especies.
De este modo, los gurises de estos guetos no pueden escabullirse del sistema dentro del cual están atrapados, ya que cuando salen están estigmatizados y son rápidamente perseguidos por la policía, la cual de inmediato los devuelve al gueto.
Desbordadas por la situación que impera en los guetos, las familias cautivas recurren desesperadas al Estado en busca de una solución urgente, ya que no solo ven coartado su desarrollo social, cultural y económico, sino que ya ven en riesgo su propia vida.
Pero el sistema las desconoce, las ignora, les da la espalda con total indiferencia.
Los abogados, quienes deberían atender los derechos birlados en el seno del gueto, no se interesan en causas que nunca podrán competir con los jugosos trofeos de otras causas.
La fiscalía, institución que por ley debería atender, hasta de oficio, las problemáticas que surgen dentro de estos guetos, al igual que la defensoría del menor y el juzgado de familia, quienes deberían atender la seria situación de la creciente y enorme cantidad de menores involucrados en esta situación, por incompetencia o por dependencia son funcionales a esta política exclusiva y condenatoria de un segmento social.
El Copnaf, también parte del gobierno, quien por ley debe salvaguardar la integridad del niño, el adolescente y la familia, por las mismas razones que la justicia y alguna de presupuesto apenas atina a esbozar tibios intentos que, generalmente, se diluyen en la nada.
Por último, Acción Social, hoy llamada Desarrollo Social, quien debería estar conteniendo esta situación y gestionando las diferentes soluciones, está absolutamente ausente, convalidando o impulsando esta maquiavélica política de estado.
Así es que, al chocar contra toda la apatía e indiferencia social del Estado, las familias, desahuciadas, vuelven desesperanzadas al gueto a cumplir su injusta condena.
Mientras tanto, del otro lado, en el centro, nos vamos acostumbrando a maldecir a los vecinos de los guetos, culpables de todos nuestros males, y a apiadarnos del pobre gobierno, víctima injusta de los cucos delictivos.
Norman Robson para Gualeguay21