No es tan fácil

Sin ánimo de esgrimir una defensa sectorial, sino de brindar una visión integral del problema, me permito compartir un análisis detallado de la situación particular de cierto universo de trabajadores y empleadores que no merecen esta crítica liviana.

Hoy no son pocos quienes condenan a las empresas comerciales en general aseverando que, “si no pueden pagar lo que marca la ley, que cierren”, ignorando muchas cuestiones que hacen a ese negocio y atentando contra la fuente laboral de muchos.

Es por esto que, ante todo, hay que tener en cuenta de quien se está hablando para no confundirse, pues muy distinto es hablar de un poderoso industrial a hablar de una pyme comercial, y, dentro de éstas, es muy distinto un distribuidor que se disputa el competitivo mercado alimenticio a un mayorista que atiende casi monopólicamente el mercado regional de artículos eléctricos.

La ecuación comercial, y su resultado, son muy diferentes en unos y otros.

Por otro lado, dentro de cada caso, hay que saber evaluar la apuesta de cada uno en su empresa, entendiendo que en economías como la nuestra, en muchos casos, cerrar las puertas y reinvertir el capital en propiedades para vivir de los alquileres es siempre la más sana y cómoda de las alternativas.

Por eso debemos saber valorar a quienes, a pesar de las complicaciones que acarrea un negocio, agotan las instancias para mantenerlo vivo sosteniendo la actividad y a sus empleados.

Tal es así que, en este tipo de pymes de pequeña y mediana envergadura, empleados y patrones acuerdan esquemas de contratación lo más formales posibles, de forma de que la patronal pueda mantenerlos a todos dentro de su ecuación económica.

Con este ánimo, y considerando que un empleado de comercio cuesta más de 20 mil pesos, las pymes buscan alternativas que le sirvan tanto al empleador como al empleado y que, a la vez, no comprometa el negocio.

Cabe señalar que, en este sentido, y con la idea de defender los puestos de trabajo, el convenio de empleados de comercio brinda opciones con salida legal a estas opciones.

Del mismo modo, como en estos pueblos del interior todos nos conocemos, al punto de que sabemos de forma cierta la realidad económica de todos los actores, se ve favorecido el equilibrio en la relación patrón trabajador, haciendo que sea más fácil de sobrellevar.

Con todo lo expuesto, queda claro que existen pymes, donde empleadores y empleados apuestan su sacrificio a la actividad, que no merecen ser evaluadas y menos juzgadas con tanta liviandad.

Tal es así que si aplicáramos ese “si no pueden pagar lo que marca la ley, que cierren” que con tanta soltura algunos sostienen, el 90 por ciento de los puestos de trabajo en la distribución de productos desaparecerían y no serían reabsorvidos por nadie, pues la actividad sería copada por las empresas matrices con personal de sus propios lugares.

O sea, si cada uno que no pudiese pagar estrictamente lo que exige la ley bajara las persianas tendríamos en la calle unos quinientos desocupados.

Es por esto que la dirigencia en general comprende la situación y protege a su modo la actividad en favor de patrones y trabajadores, consciente de la vulnerabilidad económica de ambos y de que, de desaparecer, la actividad caería en manos de las matrices o grandes operadores, no solo privándonos de esos puestos de trabajo, sino, también, privando al pequeño comercio de la periferia de sus productos y valores, encareciendo la canasta familiar.

Por estas razones, estos trabajadores están afiliados, por decisión propia, al sindicato de los empleados de comercio y no a otros gremios.

Entre estos trabajadores se encuentran aquellos que no son camioneros, sino que son empleados de comercio dedicados a la venta y abastecimiento de productos, con un régimen de trabajo absolutamente diferente al de los primeros.

De todo esto se desprende que la solución a esta realidad no está en apretar empresarios ni en generar desocupación, sino que solo surgirá a través de un desarrollo económico que genere un crecimiento sustentable del consumo y, así, bendiga a las empresas con ecuaciones económicas que les permitan cumplir con una justa retribución a los trabajadores.

Por último, vale destacar que en este escenario, los derechos constitucionales que garantizan las libertades de trabajar, de sindicalizarse y de comerciar NO son violados de ninguna manera, mientras que la coerción, coacción y extorsión sobre patrones y trabajadores SÍ los son e impactan negativamente en el desarrollo integral de la sociedad.

Norman Robson para Gualeguay21