Cabe recordar que la medida adoptada por la Justicia establece exageradas distancias para la aplicación de fitosanitarios, fundadas más en intereses políticos que en datos técnicos, que significan una importante disminución de las tierras exportables, y, por consecuencia, una pérdida de rentabilidad que, en el caso de pequeñas y medianas explotaciones, las hace inviables.
Esta situación fue hecha pública no solo por los productores afectados y sus gremiales, sino, también, por los propios trabajadores rurales que ven en riesgo sus fuentes de trabajo, y por no pocos docentes, quienes reconocen la situación y están preocupados por la supervivencia de sus establecimientos, quienes perderán una importante proporción de la matrícula y el apoyo de los productores a las cooperadores, verdaderos sostenes económicos de esas escuelas.
Por tal motivo, una comisión de estos productores fue recibida por el Presidente del Suñerior Tribunal de Justicia de la Provincia, Emilio Castrillon, quien, acompañado por los vocales Bernardo Salduna, Miguel Giorgio y Martín Carbonell, escuchó los testimonios brindados por 10 productores.
Al cabo del encuentro, Castrillón manifestó que es necesario reglamentar una ley que brinde seguridad en la vida de las personas, y acreditar con estudios científicos que los productos que se utilizan para fumigar no producen daños a la salud, lo cual, para el funcionario, hoy no está acreditado.
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