Reclaman por dos décadas sin identidad

El caso en cuestión es sobre un joven gualeyo a quien, ya casi con 20 años, aún se le niega su derecho a la identidad, ya que, a pesar de haber andado y desandado los intrincados pasillos de la burocracia judicial, no ha podido acceder, siquiera, a su análisis de ADN.
La historia comienza a fines de los noventa. Una joven, un joven, un típico amorío que terminó en un embarazo y la decisión del joven de eludir su responsabilidad. De este modo, esta se convirtió en otra de las tantas historias de una mamá joven, con su criatura, recurriendo a algún juez para que le resuelva la situación.
Una historia como tantas. Como miles. Los detalles del caso no hacen a la cuestión pero, en este caso, sí lo hacen las reacciones que, de una u otra manera, impidieron que este joven, luego de casi veinte años, aún, con la complicidad de la Justicia, siga siendo negado por el presunto padre.
Pasa que el apellido de la joven es común, de esos que ocupan varias páginas de la guía, cero paladar negro, cero sangre azul. Gente común, de la que tiene que remar para vivir. Mientras que la del presunto papá, y su familia, lleva un reconocido apellido local, habiendo ostentado los presuntos abuelos por esa parte importantes cargos en la Justicia entrerriana.
Dos más dos es cuatro. Hoy hace 18 años que, la mamá primero y el ahora jovencito, vienen peregrinando por los pasillos de tribunales reclamando judicialmente se determine la paternidad del segundo, ya que quien podría ser el padre nunca se avino a reconocerlo, mucho menos a cumplir con los deberes y obligaciones que le competen como tal.
Estos reclamos filiatorios, en un inicio, fueron rechazados en base a tecnicismos sobre el examen de ADN, para lo cual confabularon, casualmente, voluntades a ambos lados de la demanda. Tan es así que hubiera sido suficiente la orden del Juez de la causa, o de la Defensoría de Menores, pues así lo establece la ley, pero, mágicamente, no lo hicieron.
El tiempo paso, y la frustración se superó, pero la necesidad de darle una identidad al niño permaneció tan latente como cuando bebé. Por ese motivo, ya con un flamante Juzgado de Familia en la ciudad, la mamá volvió a la carga con un nuevo intento.
La causa prosperó, y se ordenó la realización del ADN en el Colegio de Bioquímicos y Farmacéuticos de la Capital Federal, pero la Justicia, con múltiples recursos técnicos que demostraron una flagrante parcialidad, o complicidad, lo impidió. Igualmente, y a pesar de no contar con ese análisis, se dictó sentencia determinando la paternidad del reclamado.
Claro, el demandado, con múltiples recursos y contactos, apeló la sentencia en varias instancias hasta que llegó al Superior Tribunal de Justicia, el cual finalmente ordenó al presunto papá realizarse el examen de ADN, pero solo en el Servicio de Genética Forense del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, algo extraño que, a esta altura, despertó solo más sospechas.
¿Porqué obligan a realizar el análisis justo en el laboratorio de la institución judicial que, arbitraria y compulsivamente, viene impidiendo la realización del mismo desde hace casi veinte años?
¿Cuáles podrían ser los fundamentos legales para que este estudio genético no pueda ser realizado en el Colegio de Bioquímicos y Farmacéuticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tal cual lo solicitado la primera vez, y con quien el mismo Superior Tribunal de Justicia tiene convenio.
O, de otro modo… ¿No es más justo que cada parte pueda realizar el examen donde mejor lo considere?
Ante estos hechos, la ley es más que clara, y así lo ha demostrado en miles de casos a través de los años, razón por la cual nadie entiende porqué este caso es diferente. Preguntan porqué tan exagerada demora, y sospechan que el apellido, más algunas gestiones en su nombre, tienen mucho que ver con lo que está ocurriendo.
De ser así, resulta una vergüenza que el Estado se asocie a particulares para negarle el derecho a la identidad a un joven inocente.
Norman Robson para Gualeguay21