Reclaman reforma contra el abuso sexual infantil

Al respecto, la campaña agrega que para los niños es difícil romper el silencio, especialmente cuando el agresor es parte de la familia, y que, por eso, piden que el abuso sexual infantil sea un delito de acción pública que cualquier fiscal pueda investigar.
Pasa que, a pesar de que los índices sobre el abuso sexual infantil en el país son escalofriantes, una ley que propone una reforma donde lo define como un delito de acción pública, habilitando la normal intervención de la Justicia, aún duerme en el Senado Nacional.
El Abuso Sexual Infantil es uno de los delitos más invisibilizados dentro del espectro criminal argentino, especialmente porque para la investigación de un supuesto caso, es la víctima quien debe denunciarlo, o, si es menor, sus padres, su tutor, o la Defensoría de Menores.
En este marco, de acuerdo a dichos de la Diputada Nacional Carla Carrizo, presidenta de la Comisión Bicameral para la Designación del Defensor del Niño, reproducidos por La Nación el año pasado, el 52 por ciento de las víctimas de abuso sexual en Argentina son niños, pero sólo se investiga un caso de cada diez denunciados, sindicando como el principal impedimento la tipificación del delito.
En el mismo sentido, vale resaltar que la Organización Mundial para la Salud advierte que uno de cada cinco niñas y uno de cada trece niños son abusados sexualmente antes de los 18 años, y agrega que, de éstos, solo el 10 por ciento son denunciados.
Como respuesta a este escalofriante escenario, la Diputada Carrizo propuso un proyecto de ley que, en noviembre pasado, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó. Dicha norma propone modificar el Código Penal de forma de que el abuso sexual infantil deje de ser un delito de instancia privada y pase a ser un delito de acción pública, pero el Senado, casi medio año después, todavía no lo trató.
Con esta reforma, si alguien sabe que un menor fue víctima de abuso sexual, podrá hacer la denuncia y el Estado estará obligado a investigar, sin la necesidad de la intervención de los padres o el tutor del menor.
Por otro lado, Paula Wachter, fundadora de Red por la Infancia que acompaña a Carrizo en el proyecto, abona la justificación de reforma afirmando que “el abuso sexual infantil tiene severas consecuencias para el desarrollo individual y social de las víctimas”.
En ese mismo sentido, la referente agrega que este abuso “produce culpa, humillación, impotencia, estigmatiza y afecta gravemente su autoestima y la percepción que tienen de sí mismos”, a la vez que agrega que “se trata de un delito que no suele denunciarse, entre otros factores, porque, en el 80 por ciento de los casos, el agresor es un integrante de la familia”.
Por último, vale destaca que el proyecto en cuestión cuenta con el apoyo de la sociedad civil, de organismos internacionales, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y del Ministerio Público Fiscal.
Norman Robson para Gualeguay21