Luego de asegurar que los fiscales hoy cumplen “un rol muy importante”, por el cual les “pagan muy bien”, y que son el centro de la investigación, Taleb sostiene que “ahora hay muchos cuestionamientos que se dirigen hacia los integrantes del Ministerio Público Fiscal, y en muchos casos son injustos, porque quien decide todas las medidas de injerencias y todo lo que tiene que ver con afectar los derechos fundamentales de las personas, son los jueces de Garantías”.
En este sentido, el funcionario afirma que “el fiscal investiga, y el juez de Garantías controla”, lo cual no es así, sino que, como su cargo lo dice, asegura el cumplimiento de las garantías individuales. De ninguna manera los jueces de garantía controlan cómo o qué investigan los fiscales durante un caso, sino que actúan según lo que éstos solicitan tomando los recaudos pertinentes a cada caso.
Del mismo modo, el fiscal menciona un supuesto “direccionamiento de las investigaciones que ponen en cuestionamiento la actuación de sectores con poder, con poder político, con poder eclesiástico, con poder económico”, que intentarían “embestir” contra la independencia de los fiscales.
En el mismo orden, Taleb también menciona la existencia de “poderes invisibles”, que actuarían “en las sombras o por debajo del gobierno visible”, y de gente que “junta información de manera ilícita”, mencionando a los medios como ejemplo.
Ahora bien, en primer término es preciso destacar que, según el nuevo Código Procesal Penal, vigente desde 2013, el fiscal, supervisado por el coordinador, lleva adelante la investigación de un crimen. Durante la misma, las medidas que éste tome, e involucren a terceros, deberán solicitarse al Juez de Garantías.
En los casos penales comunes, al completar la investigación, la Fiscalía eleva la causa a juicio poniendo a disposición de los jueces las pruebas que respaldan su caso, y, por parte de la defensa, las suyas. De ese modo se resguarda un justo equilibrio.
Pero en las causas por corrupción, la Fiscalía arma su caso como quiere, sin el control de nadie, salvo el de los abogados del propio acusado, ya que ni siquiera los denunciantes pueden instalarse como querellantes para velar por una debida investigación. O sea que entre el fiscal y el defensor arman el caso y así se eleva a juicio.
Comprendido este funcionamiento, se puede recurrir a la estadística de las causas por corrupción en que exfuncionarios esta imputados, y veremos como se dilatan o se pervierten en beneficio de éstos, sin que nadie pueda interceder en nombre del pueblo, ni siquiera aquellos que asumieron el riesgo de denunciar.
En el caso particular de Gualeguay, y las múltiples denuncias de corrupción en contra de la anterior gestión municipal local, llama la atención la importante proporción de éstas que han sido archivadas, otras cajoneadas, y otras desvirtuadas, manteniendo la impunidad de los anteriores funcionarios.
Por lo tanto, las explicaciones del fiscal coordinador Taleb tal vez sirvan para la realidad del resto de la Provincia, pero no alcanzan para aclarar la situación de Gualeguay, donde él es responsable y las causas, mágicamente, no prosperan o se archivan. A saber: espuma, luminarias, celulares, 80 viviendas, etcétera.
De este modo, queda latente la duda sobre de qué lado están los “poderes invisibles” que Taleb menciona. ¿De qué lado están las sombras?
Norman Robson para Gualeguay21
