Un ensayo sobre la realidad de las adiciones

La problemática de la adicción a la droga es mucho más simple de lo que dicen que es, solo que requiere un nivel de recursos que el Estado no ha tomado la decisión política de disponer, tanto en términos de prevención como de rehabilitación y posterior contención.
En este sentido, vale señalar que, en la historia inmediata, no han sido pocos los recursos destinados a la desigual lucha contra el narcotráfico, de la cual no se conocen casos en que el Estado haya ganado, mientras que, en la lucha contra el consumo de droga, problemática que sostiene el negocio narco, poco y nada se ha hecho.
De este modo, el discurso sobre la complejidad de la problemática se me presenta como un argumento de los múltiples intereses en juego, quienes prefieren blandir sobre la misma un manto de complejidad que permita ser usado de excusa para no atenderlo, y, con ese objeto, aprovechan la ignorancia de la sociedad.
Para comenzar a entender el problema es preciso que aceptemos que, para que un gurí caiga en la droga, deben coincidir padres incompetentes y un Estado ausente, y para que haya padres incompetentes, también, debe haber un Estado ausente.
O sea que el flagelo de la droga es una consecuencia directa o indirecta de un Estado ausente, el cual, a partir de la situación familiar planteada, se convierte en una grave enfermedad que debe ser atendida como tal.
En esta etapa, donde el problema familiar ya se convirtió en un problema de salud, a partir del cual el adicto es un enfermo con su desarrollo intelectual, emocional y físico muy comprometido, el Estado nuevamente está ausente.
Tal es así que no está al alcance del adicto, o de su familia, las soluciones en cuanto a su rehabilitación y posterior contención, ni recibe ningún tipo de asistencia social en este sentido.
El origen del problema
El problema nace en casa, es cierto, pero resulta de la imposibilidad por parte de la familia de contener la demanda de los gurises frente a la realidad social que se vive hoy, tanto en periferias marginales como en sectores residenciales céntricos.
La conjunción de hogares sin papás, y muchas veces sin mamás, por separaciones o por trabajos; del hacinamiento que se da en los mismos; de teles, compus y celus que solo invitan al facilismo, al comodismo, al inmediatismo y al consumismo; de escuelas más concentradas en los docentes que en los alumnos; de policías, jueces y fiscales más preocupados en no tener problemas ellos que en prevenir o resolver los de los otros; y de la degradación general de los valores morales y de las instituciones, termina, indefectiblemente, expulsando a los gurises del seno de su familia hacia la adicción.
Frente a esta situación, nada pueden hacer la mamá o el papá, ni siquiera, muchas veces, los dos juntos, ya que no tienen a su alcance argumentos o elementos que hoy les permitan atender las demandas de los gurises, o que compitan con las “malas ofertas” que llegan del mundo exterior, y terminan, irremediablemente, perdiéndolos.
Esto pasa porque, por un lado, los padres no están sicológicamente preparados para atender a sus hijos en este moderno contexto de demanda, menos aún cuando la necesidad económica los obliga a no estar en casa, mientras que, por el otro lado, un exterior absolutamente descontrolado, e impiadoso, invade los hogares y escuelas con tentaciones que los padres tampoco saben combatir y a los docentes ni siquiera les interesa, pues es mucho más fácil culpar a los padres.
De este modo, los gurises, frente al rechazo general,en la frágil etapa de su pubertad, encuentran su exilio en la esquina, donde otros gurises, en similar situación, comparten la misma frustración e insatisfacción, y donde la mafia marginal los espera de brazos abiertos “comprendiéndolos”, para luego absorberlos y alistarlos en sus huestes delictivas.
Cabe recordar, y destacar, que los gurises conforman el mercado ideal para el desarrollo del delito, como consumidores o como mano de obra barata, ya que, ante la contingencia de ser atrapados por la policía, son inimputables y recuperan inmediatamente la libertad y, aunque no se pueda creer, vuelven al servicio del delito.
Cómo se lavan las manos
En el escenario actual, a mamá, a papá, o a los dos, los invade la impotencia, la cual, con la ayuda del Estado y la sociedad, rápidamente se convierte en culpa, la cual es explotada por estos últimos para evitar hacerse cargo de un problema que sigue creciendo libremente. O sea que los padres, sumidos en la impotencia de la culpa, son aprovechados por el Estado y la sociedad para evadir el problema de la droga, para negarlo, mientras cada vez cuesta más vidas.
Tan es así que es común escuchar a la sociedad y al Estado coincidiendo en señalar que la culpa de la droga está en la casa, en la familia y en los padres, liberándose así de cualquier compromiso con su solución, cuando, en realidad, el Estado debería orquestar políticas públicas que tiendan a asistir a la familia en la atención de esta problemática, y la sociedad debería exigirlas primero y acompañarlas después.
En este contexto, el crecimiento de la drogadicción infantil, junto al del delito infantil, es exponencial y absolutamente nadie hace nada concreto para detener o revertir esto. O sea, día a día aumenta libremente la cantidad de gurises que ingresan a la drogadicción con la complicidad de la sociedad y del Estado.
Del mismo modo, vale destacar que, si bien el problema es de origen intrafamiliar, “por culpa” de la familia, la responsabilidad de su desarrollo y potenciación es enteramente del Estado, quien no solo la rechaza, sino que mira impiadosamente para otro lado para no trabajar sobre las políticas públicas que resolverían la problemática.
Una realidad de carencias
En la actualidad, el Estado no aplica políticas públicas de desarrollo social, de infraestructura, de educación, de salud, de seguridad y de justicia que tiendan a resolver el problema, lo que redunda en una serie de carencias generales que a continuación pongo a consideración:
1. No hay una asistencia social a la problemática intrafamiliar a través del ejercicio de una presencia activa y eficiente resolviendo cuestiones de convivencia. La figura de la asistente social con poder de intervención y resolución de problemas no existe, sino que ésta se limita a una mera administrativa asistencialista que poco y nada baja soluciones al territorio.
2. No hay un desarrollo social orientado hacia la atención de la problemática juvenil de acuerdo a la demanda de espacios y ámbitos de contención  preventiva o postrehabilitación. Ni hay propuestas culturales o deportivas inclusivas que puedan seducir a los gurises para alejarlos de la problemática.
3. No hay un desarrollo habitacional suficiente que atienda el cada vez mayor hacinamiento multifamiliar, el cual crece día a día en número de familias, algunas numerosas, conviviendo bajo el mismo techo y generando no solo la expulsión de algunos de sus miembros sino, también, el crecimiento de los índices de abuso sexual infantil.
4. No hay un desarrollo suficiente de espacios de formación o terapéuticos que contengan a nuestros gurises, sea cuando víctimas potenciales o cuando ya adictos. Hoy, un gurí que enfrenta la problemática, o que vuelve de recuperarse de la misma, no halla donde atenderse y rehabilitarse ni donde ser contenido para no recaer.
5. No hay una educación diseñada para desarrollar e incluir a los gurises, sino que insiste en contenidos totalmente ajenos a sus expectativas. Tanto el sistema pedagógico como su programa de contenidos tienden más a expulsar a los gurises de la escuela que a seducirlos a participar, mientras que los educadores prefieren condenar como irrecuperables a quienes presentan cualquier tipo de problema antes que cumplir con el debido abordaje de su situación.
6. No hay un sistema de salud pública diseñado para ocuparse y preocuparse en resolver los crecientes problemas de adicciones, o atender a sus víctimas. En el mismo impera el desconocimiento total sobre el abordaje que se les debe dar y se considera marginales peligrosos a quienes adolecen este problema.
7. No hay un marco de promoción y garantía de los derechos del niño, el adolescente y la familia que custodie el funcionamiento de los diferentes sistemas en relación a estos. Cuando surgen abusos y abandonos en los sistemas, vulnerando los derechos de los niños, o sus familias, difícilmente prosperan los reclamos y las soluciones terminan esfumándose en el tiempo.
8. No hay un marco de seguridad que alcance a todo el territorio, sino que se concentra en lo más visible y conveniente, y libera los sectores más vulnerables y excluidos, donde las mafias delictivas operan con total impunidad. Al mismo tiempo, las fuerzas no están capacitadas respecto del abordaje de la problemática, y caen constantemente en la estigmatización de las víctimas del flagelo como meros delincuentes.
9. No hay una justicia que se haga cargo de la problemática en cuestión, sino que evade atenderla, encubriendo así las ausencias del Estado y abandonando a las víctimas a su suerte, evadiendo resolver al respecto, dilatando los tiempos, y dejando que se agudicen los casos y proliferen libremente en todo el territorio.
Los porqués de la ausencia
La inexistencia de todos estos factores de atención a la problemática no se debe a que no existan los recursos legales, técnicos, materiales y económicos, sino a la existencia de recursos humanos en los niveles de responsabilidad que son totalmente indiferentes a la problemática y solo se interesan en su situación particular, interponiendo siempre en cada caso muy cuestionables argumentos legales o de competencia.
Entre todos estos recursos humanos, sean de desarrollo social, de educación, de salud, de seguridad o de justicia, más allá del discurso que profesen, impera el concepto de que se trata, no de enfermos víctimas de un flagelo social, sino de marginales irrecuperables a los cuales no vale la pena atender. Este concepto, lamentablemente, es compartido íntimamente por gran parte de la sociedad.
De este modo, el Estado, en lugar de garantizar a todos los ciudadanos el acceso a todos sus derechos, libera el crecimiento exponencial de la drogadicción infantil, y el del delito infantil, y, en absoluta complicidad, nadie hace nada concreto para detenerlo, menos aún para revertirlo.
O sea que, en nuestro país, los ciudadanos tenemos garantizados los derechos por el Estado, y el sistema imperante así lo prevé en su marco jurídico y administrativo, pero, lamentablemente, quienes ostentan el poder, y sus mandos subordinados, tergiversan y pervierten el sistema para evadir sus responsabilidades y argumentan innumerables excusas para evitar darle una solución al flagelo que compromete la vida de más de un millón de niños argentinos.
La realidad gualeya
La ciudad de Gualeguay no es ajena a esta realidad, solo que, por su población reducida, se agudizan sus falencias y los casos no se conocen en cantidad, sino por nombre y apellido.
Como primera medida, esta ciudad carece de un plan estratégico sobre el cual se hayan elaborado políticas públicas que atiendan la transversalidad de las problemáticas sociales, sino que, desde décadas, las sucesivas gestiones se han manejado improvisando ante la coyuntura y priorizando la demagogia para sostenerse en el poder.
De esta manera, la asistencia social no solo que se limita hoy al histórico asistencialismo, sino que ni siquiera pretende implementar medidas que tiendan a mejorar la calidad de vida comunitaria, mucho menos el quehacer intrafamiliar, y muchísimo menos ponderando problemas de adicciones.
Del mismo modo, el desarrollo social, al igual que el habitacional y el de infraestructura, no responde a un plan de atender las necesidades de los ciudadanos según sus prioridades, sino que se efectúa según las ofertas de recursos de los gobiernos nacional y provincial.
En este sentido, en lo que se refiere estrictamente al gobierno comunal, tal es la inconsciencia y la ignorancia sobre la realidad de la drogadicción infantil que ésta no es parte de la agenda política, y, en lugar de dotar a la infraestructura de Desarrollo Social con un área especializada en el abordaje de las adicciones, se creó otra Secretaría, paralela y enfrentada con la anterior, con otro presupuesto, lo que redundó en que ninguna de las dos haga nada concreto sobre tan grave tema.
Por su parte, la educación, en manos del gobierno provincial, comparte los males del programa nacional, agravados por la desidia de los docentes amparados por sus gremios, los cuales hicieron a un lado la vocación y se convirtieron en mezquinos trabajadores de la enseñanza, sin ningún compromiso con los educandos, ni con el futuro que tienen en sus irresponsables manos.
Independientemente de esta situación, no existe entre los responsables políticos y operativos a cargo de la educación a nivel local la iniciativa de arbitrar medios y articular recursos de forma de que los alumnos locales puedan tentarse a continuar con su secundario, el cual adolece de exagerados niveles de deserción.
De la misma manera, la salud, también en manos de la Provincia, lleva décadas fuera de la agenda política, y su presupuesto no alcanza siquiera para los servicios básicos y convencionales, ni hablar para áreas como Salud Mental, y mucho menos para atender a adictos.
Tan es así que, ni el personal hospitalario, ni los profesionales, ni la infraestructura está preparada y capacitada para atender casos de abuso de sustancias, y, cuando debe hacerlo, no solo desconoce los aspectos claves de las adicciones, sino que florece su desinterés y antipatía por el paciente y sus necesidades.
Por su parte, la política sobre minoridad y familia se encuentran en las manos del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia, conocido como Copnaf, respaldado por una ley, la Nº 9861, que es un ejemplo a nivel nacional, pero que, en la realidad, nunca se implementó, haciéndola totalmente ineficiente, siendo prácticamente imposible obtener una solución de cualquier tipo desde esa repartición.
En lo que se refiere a la seguridad a nivel local, a cargo de la Policía provincial, prima en la fuerza el rechazo natural hacia estas víctimas que, para la mayoría de los efectivos locales son solo delincuentes que se encubren en una enfermedad.
Esto se debe a que no existe en la fuerza formación alguna en cuanto a las características y demandas de las adicciones, mucho menos sobre la atención que exige un caso bajo custodia policial, mientras que la frecuencia con que los gurises ingresan detenidos y egresan impunes solo engrosa su rencor hacia los mismos.
Del mismo modo, por su escasa capacidad operativa, la Policía local liberó, desde hace tiempo, la periferia y barrios súper  habitados del casco urbano, donde, desde el anochecer, proliferan los grupos en las esquinas consumiendo, y desde donde salen a la comisión de delitos, o a la distribución de sustancias.
Por último, la Justicia, a través del Juzgado de Familia y la Defensoría, desde su creación, ha sido absolutamente indiferente a todo el espectro de problemáticas y conflictos intrafamiliares, evadiendo cualquier resolución que, de alguna manera, pudiera comprometerla.
De este modo, gracias al aliento de todo el sistema, en general, y frente a la indiferencia de la Justicia, y del propio Copnaf, en particular, los adictos, o los potenciales adictos, o sus familias, se encuentran desamparados frente al avance del flagelo y, salvo por alguna casualidad, la gran mayoría de las víctimas llegan a cumplir 18 años y terminan engrosando la población carcelaria provincial, hipotecando así nuestras generaciones futuras.
Para terminar, vale destacar que, en todas las reparticiones del Estado presentes en Gualeguay, prevalece la ausencia de personal capacitado a la altura de las circunstancias, debidamente acreditado por concurso, sino que, en su mayoría, su cargo obedece a favores políticos, lo cual degrada tanto la calidad del servicio como el compromiso con el cargo.
Conclusión
La problemática de las adicciones, la cual tan caro cuesta al desarrollo integral de nuestra sociedad, aunque lo neguemos, no sería tan “compleja y de difícil solución” si el Estado, en sus diferentes niveles, la incluyera en su agenda política destinándole los recursos económicos, técnicos y humanos que ésta demanda.
En su defecto, el Estado deslinda responsabilidades culpando a las familias o a los propios adictos, la sociedad lo consciente, y el flagelo crece liberado con pronósticos de imprevisibles consecuencias.
Por otro lado, en una aberrante contradicción, el Estado declama luchar contra el narcotráfico, erogando en esa lucha millonarias sumas, pero en la realidad nada hace por atacar su mercado: nuestro gurises, nuestras víctimas.
Hoy, mientras a nivel nacional se abrió la lucha contra la droga delegando la lucha contra el narcotráfico al Ministerio de Seguridad y la lucha contra las adicciones al Sedronar, en la provincia, donde todos los vecinos conocemos los kioscos de nuestro barrio, y a los transas, nadie hace nada, y aún se discute la adhesión a la Ley de Narcomenudeo.
Norman Robson para Gualeguay21