Un poco de luz sobre el delito

De acuerdo a lo manifestado por el Jefe local en su discurso ante el Jefe provincial Gustavo Maslein, estas detenciones se componen por 180 personas mayores y 90 menores.

Es más, según fuentes policiales paranaenses, la performance de la Departamental refleja una buena gestión en la lucha contra el delito, pues es el mejor índice de aprehensiones entre las demás departamentales de la provincia.

Según lo investigado, las denuncias por delitos en ese mismo período rondarían los 500 hechos, lo cual coloca a la ciudad frente a un satisfactorio índice de resolución del orden del 60 por ciento.

Contradicción

Ahora bien, estos guarismos esgrimidos por la Policía local en casi un año no se ven reflejados en el ámbito de la Justicia, ya que de los 180 sospechosos mayores aprehendidos por la Fuerza, apenas algo más de una docena ha prosperado, mientras que la gran mayoría “entró por una puerta y salió por la otra”.

De este modo, según estos números, y en rigor de la inimputabilidad de los menores, más de 250 detenidos por delitos no duraron más de un día en prisión, exhibiendo un preocupante marco de impunidad.

Para más datos, respecto de los mayores, es de destacar que una proporción importante son jóvenes bien conocidos por la Fuerza por su complicada minoridad, plena de ingresos a Jefatura por diferentes cuestiones.

O sea, la gran mayoría de los mayores que, de una u otra forma, fueron detenidos en este período están bien identificados por la Policía y son bien conocidas sus actividades ilícitas, pero, a pesar de ello, gozan de plena libertad.

Delincuencia infantil

Por otro lado, respecto de los menores detenidos, algo más de una docena fueron detenidos por medio centenar de delitos, mientras que el resto alterna sus detenciones por delinquir con ingresos a comisaria por contravenciones.

Igualmente, sea cual sea su ingreso, indefectiblemente son devueltos a sus respectivas familias o tutores sin más que un apercibimiento y sin medidas del Estado tendientes a resolver la problemática de esas familias según exige la ley.

O sea, un tercio de los detenidos son niños que llegan al delito de la mano de la droga y de la crisis familiar, mientras los padres, en muchos casos desesperados, peregrinan por las instituciones públicas rogando por una asistencia que a nadie le interesa dar.

Otros actores

Al mismo tiempo que sucede esto, y conscientes de que todo se origina en las propias, el Copnaf, la Secretaría de Adicciones, la Defensoría de Menores y el Juzgado de Familia miran alevosamente hacia otro lado.

Estas instituciones, creadas por ley y financiadas para preservar la integridad de los niños, los adolescentes y las familias, hoy son solo bastiones partidarios ocupados en lucrar sin ningún interés particular en la problemática social que asola a la ciudad.

O sea que toda la infraestructura estatal que debería actuar en estos casos solo responde con indiferencia y múltiples excusas.

Argumentos

Ante este cuadro, mientras la Fuerza se lamenta por la rapidez con que la Justicia devuelve los detenidos a la calle, desde la Fiscalía aseguran que la Policía, ante un delito, detiene al primer conocido de “los de siempre”, solo para engrosar sus estadísticas sin importarle si es culpable o no, y sin recabar pruebas suficientes.

En el mismo sentido, el Ministerio Fiscal también alega que muchos de estos detenidos se liberan porque no existen mayores razones para mantenerlos en prisión, pero aseguran que las investigaciones se siguen realizando.

O sea, los procuradores alegan que el 90 por ciento de los detenidos llegan a su órbita sin elementos suficientes que les permitan encarcelarlos, muriendo allí las causas sin siquiera llegar a los juzgados de garantía.

Conclusiones

Por lo tanto, independientemente de las discutibles responsabilidades del caso, si proyectamos en el tiempo este modelo caótico de impunidad, con estos escalofriantes índices de delincuencia juvenil e infantil, en pocos años esta ciudad será lo más parecido a uno de esos pueblos de las películas de cowboys dominados por la anarquía y la violencia.

Más allá de esto, discutir las culpas de la Fuerza y de la Justicia solo sirve para mantener y potenciar este flagelo, ya que solo un abordaje maduro e integral del problema de la inseguridad por parte del Estado puede ofrecer resultados concretos, lo cual debe ser exigido por la Sociedad.

O sea, si bien la Justicia y la Policía no pueden deslindar responsabilidades en este escenario de impunidad, donde una inmensa mayoría de los delincuentes disfruta en libertad, menos puede hacerlo el Estado, quien en definitiva debería ordenar, a través de sus lineamientos y políticas, a todos los protagonistas detrás de nuestra seguridad, y no permanecer ausente u ocupado en otros temas ajenos.

Por lo tanto, hasta tanto no se reconozca esta problemática en su correcta dimensión, y no se pongan a trabajar todos los brazos del estado en la búsqueda de soluciones reales y sustentables, no torceremos este escalofriante destino de caos.

Norman Robson para Gualeguay21