ATER exigirá el pago de millonario juicio a Las Cabezas

En este contexto, la Administración Tributaria de Entre Ríos (ATER), procurará percibir lo que considera deudas impagas.
Las Cabezas de Gualeguay, de 18.000 hectáreas, que tenía una exención del 100 por ciento del Impuesto Inmobiliario Rural por haber tomado el compromiso en 2009 de sistematizar el suelo a través de terrazas, para evitar erosiones, según dispone la ley de 1989. El Estado apelará la sentencia en los próximos días.
Todo indica que un largo proceso judicial se está desovillando por estos días, pero aún se encuentra en su umbral y es difícil determinar dónde terminará y, especialmente, quién será el ganador. Se trata del expediente número 5.634 que se tramita por ahora en el Juzgado Civil y Comercial de Gualeguay, a cargo de la jueza Teresita Ferreyra, y que en su carátula define su naturaleza: Administradora Tributaria de la Pcia. De E.R. (ATER) C/ Entre Ríos S.A. S/ Apremio. En él ya se acumulan fojas de una controversia que comenzó en 2009 y que, a casi cinco años vista ha acumulado un total de 5 millones de pesos en concepto de Impuesto Inmobiliario Rural que el Estado quiere cobrar y que el propietario se niega a pagar, ambos con argumentos que hasta ahora han avanzado en una causa que acaba de tener un reciente fallo y con una de las partes amenazando con la apelación.
Quizá convenga comenzar por el principio en el relato para que los hechos se vayan concatenando y adquieran sentido en su devenir.
Todo comenzó cuando “el italiano Raúl Giardini llegó a Gualeguay como socio y yerno de Serafino Ferruzzi, que tenían el segundo emporio en su país luego de la Fiat. Giardini compró la estancia Las Cabezas, considerado uno de los campos más espectaculares del país” –según consigna El Heraldo- y en 2009, a través de administrador local, Pedro Alfredo Carreras, presentan una carpeta para lograr la eximición del Impuesto Inmobiliario Rural para el establecimiento de más de 18.000 hectáreas en virtud de que “se comprometían a sistematizar el campo a través de terrazas”.
Este mecanismo es legítimo y está previsto en la Ley de Suelos que data de 1989 -pionera e innovadora en el país- y que buscaba evitar las erosiones de la tierra por los naturales accidentes geográficos con forma de cuchilla y de esa forma darle sustentabilidad a la tierra y a la producción agrícola.
En un momento determinado, según prescribe ante El Diario, Federico Borrás, abogado de ATER, el Estado advierte que el principal contribuyente del departamento estaba exento de la totalidad del impuesto inmobiliario. Decide pues averiguar el motivo. Allí se solicita desde el ente impositivo provincial informes al área de Recursos Naturales del Ministerio de Producción -autoridad de aplicación de la ley aunque con la reforma en 2012 de la Ley 10.183 se puso un tope del 35 por ciento- quien decide realizar una inspección sobre el campo para corroborar que las obras que se habían comprometido un año atrás se habían ejecutado.
Al llegar al lugar, el 11 de mayo de 2010, “el establecimiento de su mandante fue inspeccionado, constatándose que no se encontraba concluida la totalidad de las tareas comprometidas, justificando ello por las abundantes lluvias de la época, agregando que por ello fue concedido un plazo de 90 días para la conclusión de las obras y presentación del plano original”, según reza el expediente, donde se puede leer que el límite se había ubicado en noviembre de 2009.
Según el relato de ATER, las obras brillaban por su ausencia y no había ninguna evidencia de su concreción. De este modo, Producción revoca la “eximición del 100% del impuesto”, lo que habilita al ente recaudador a iniciar un proceso legal de apremio para que Las Cabezas abone con retroactividad los impuestos impagos. La suma, según la versión oficial, llega a los 5 millones de pesos. Sin embargo, otros hechos intervienen que le dan mayor complejidad al asunto. Hoy -si la presunción de ATER se confirma- Las Cabezas es el principal deudor de Inmobiliario Rural de la provincia. Aunque para dar fe plena de eso aún resta un tiempo legal.
Análisis Digital