Berni, Urribarri y Erro en flagrante impunidad

Si bien ya hemos destacado reiteradamente los atropellos jurídicos del Intendente Erro, en todo su crisol de estilos y variantes, el Gobernador Sergio Urribarri y el Secretario de Seguridad de la Nación Sergio Berni se le suman acompañando políticamente la inauguración de un sistema de videovigilancia que no está cubierto por el debido convenio operativo con la Policía de Entre Ríos, hecho que viola flagrantemente la ley 10175 promulgada hace pocos meses.
Con la impotencia propia del desamparo, hoy presencié un acto político donde los gobiernos nacional y provincial se convierten en cómplices del capricho delictivo del gobierno local, convalidando la ilegalidad y dejándonos huérfanos de la debida protección jurídica.
Aunque ya nada sorprende del Intendente Erro, múltiple procesado penalmente,  ni siquiera de Berni, sí sorprende que el propio Gobernador se sume a un suceso político que más que aportarle votos a su pretensión electoral va a debilitarlo en un territorio que por sí no le es favorable.
Con este acompañamiento, el Gobernador no solo avala la violación de la ley, sino que borra con el codo lo que él mismo escribió, ya que la Ley 10175 fue impulsada y promulgada durante su gestión, distorsionando negativamente su imagen pública ante la sociedad gualeya en general y la militancia local en particular.
Tal vez sea prueba de esto último el hecho de algunas llamativas ausencias, la de los legisladores Vittulo y Matorras, la del Jefe Departamental de Policía, y, porque no, la del Ministro de Gobierno y la del Jefe Provincial, quienes son responsables directos y exclusivos de la seguridad dentro del territorio provincial.
También estuvo ausente, y se notó, el pueblo peronista que usualmente acompaña estridentemente las visitas del Gobernador.
Ahora bien, más allá de los desafortunados atropellos políticos en sí, es muy preocupante la inacción de la justicia, a través de la Fiscalía, la cual en lugar de actuar de oficio en defensa de la ciudadanía opta por mirar para otro lado cuando los políticos al frente del Estado atentan contra el orden público violando la ley y avasallando los derechos de los ciudadanos.
En definitiva, el hecho de hoy contribuyó a potenciar el debilitamiento constante que sufre la ley y la consecuente degradación del orden social, imposibilitando cada vez más la sana convivencia y destruyendo el Estado de Derecho.
Lamentablemente, estos hechos ponen al desnudo un modelo donde cada vez es mayor la fragilidad de los individuos ante los intereses del poder.
Norman Robson para Gualeguay21