Los municipios entrerrianos están regidos por la ley N° 10.027, Ley Orgánica de los Municipios, la cual establece cómo deben funcionar los mismos. Entre su articulado, determina todas las obligaciones de los funcionarios desde las elecciones hasta el gobierno, tanto del Poder Ejecutivo como del Concejo Deliberante. Ahora bien, en Gualeguay esta norma no estaría siendo cumplida del todo. En esta primera entrega se aborda aquello que se refiere a la información pública.
Respecto de ésto último, el artículo 108º de la Orgánica de Municipios establece los deberes del Presidente Municipal. Entre estos, en el inciso ll), ordena que éste o ésta deberá “publicar en la gaceta o boletín informativo municipal en el cual se transcribirán en forma textual todo los dispositivos legales que dicte el Municipio: ordenanzas, decretos y resoluciones”.
Asimismo, en ese punto también se establece que el Ejecutivo deberá “publicar en forma mensual, el estado de los ingresos y gastos con cuadro de disponibilidad y un balance sintético de ejecución del presupuesto, y que la publicación se realizará como mínimo una vez por mes, y será puesta a disposición de la población en forma gratuita en los lugares públicos y en los municipios”.
Por último, en ese punto se ordena que “dicha gaceta o boletín informativo municipal, deberá ser publicado en versión digital a través de la Web con libre acceso”, y agrega que, además, “en dicho sitio, será obligatoria la publicación del presupuesto en vigencia, como asimismo la actualización diaria o semanal de su ejecución,
dependiendo ello de la disponibilidad técnica del Municipio”.
Ahora bien, la Municipalidad de Gualeguay cuenta con una nutrida área de Prensa, con por lo menos seis personas, que debería estar avocada a cumplir con lo que manda esta ley, pero, a pesar de eso, no se conocen publicaciones de algún tipo, ni, mucho menos, “gaceta o boletín informativo municipal” con los actos de gobierno.
Tampoco se han conocido nunca, menos una vez al mes, información alguna sobre el “estado de los ingresos y gastos con cuadro de disponibilidad”, o algún “balance sintético de ejecución del presupuesto”. Ni siquiera son capaces de dar a conocer el balance del carnaval en tiempo y forma.
Por último, vale resaltar que tampoco existe un espacio digital mantenido con los actos de gobierno.
Sin duda alguna, todo esto, más allá de un irrespeto hacia la ciudad de Gualeguay, con total desprecio por el derecho a saber de los vecinos, significa una violación a la Ley N° 10.037, Ley Orgánica de los Municipios, y un claro incumplimiento de deberes de funcionario público, algo que ha caracterizado a esta gestión desde su asunción en diciembre del 2023.
Pero sin Justicia y sin oposición política alguna, el Ejecutivo local tiene luz verde para hacer lo que quiere. Ésta licencia consiente la incapacidad e incompetencia que redundan en su informalidad y su improvisación, las cuales hoy se ven reflejados en la ausencia del estado en el territorio y en la carencia total de rumbo cierto.
Todo ésto raya con la corrupción política, no aquella del peculado y la malversación, aunque sí aquella del incumplimiento de deberes. Pero, bueno, por acá somos así…
Norman Robson para Gualeguay21
