9 diciembre, 2024 5:43 pm
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Concejales y militantes sindicados por vandalismo


En la noche de ayer, un informe televisivo del periodista local Gustavo Juliá por Canal2 sobre los grafitis en los edificios escolares expuso la realidad sobre el daño realizado a edificios públicos en campañas electorales.

En este caso en particular, calificado generalmente como vandalismo, el informe de Juliá muestra el frente de la Escuela Técnica N° 1 Luis R. Mackay, abundante en pintadas, junto a imágenes que circularon en la red social Facebook donde dos concejales, el portero de ese establecimiento y otros militantes del Frente para la Victoria, que a la vez son empleados municipales, se ven festejando tales pintadas con los elementos en sus manos.
Estas imágenes, de las primeras horas del día de ayer, noche del lunes, con fecha y hora impresas, habrían sido subidas por los propios autores de tan imprudente hecho delictivo, poniendo en evidencia su ignorancia o impunidad.
El periodista local, en su alocución, se preguntó sobre qué sentido tiene que mientras el gobierno nacional y provincial luchan para mejorar las escuelas, acá, en nuestra ciudad, las pintan los mismos concejales oficialistas.
Del mismo modo, Juliá destacó que las redes sociales son buenas y otras veces no tanto, pues los propios autores de un delito contra un edificio público se sacaron fotos en pleno acto de pintada.
Según la jurisprudencia encontrada, los grafitis tienen carácter permanente sobre el bien y su remoción o quita exige una tarea material apreciable en dinero, razón por la cual constituye un delito de daño y puede ser penado con prisión de 15 días a un año, aunque hay casos como el Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires que prevé multas o trabajos comunitarios para quien manche o ensucie bienes de propiedad pública o privada.
En nuestra ciudad, hay antecedentes de un sonado caso en el 2008 por pintadas políticas en viviendas de un particular y de una institución que fueron penadas con trabajos comunitarios.
Más allá del delito, es de destacar que, en este caso, quienes atentan contra una propiedad del estado son, por un lado, representantes del pueblo, elegidos por el mismo para defender sus intereses, no para dañarlos, y por el otro, empleados del estado, quienes cobran de los impuestos para trabajar por el estado, no para destruirlo.

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