El que no informa, algo oculta, y si algo oculta, no ha de ser bueno
La publicidad de los actos de gobierno es un principio fundamental del sistema republicano, el cual establece que el pueblo conozca, en tiempo y forma, la realidad de lo que hacen sus representantes. Esto es garantizado por la Constitución Nacional, junto con el derecho de acceso a la información pública, y con la adhesión a diversos tratados internacionales. Pero, en Gualeguay, esto no lo cumple ni la Intendencia, ni la Policía, ni la Justicia. Pero eso no es tan preocupante y temerario como pueden ser las verdaderas razones por las cuales le esconden al pueblo la realidad de lo que hacen.
La historia de la corrupción en la Argentina es larga y plena de variantes de todo tipo. Si bien en general se han encubierto muchos de éstos casos con la mentira, muchos también se escondieron ocultando los actos de gobierno. Por este nefasto pasado, cualquier retaseo de información en cualquier repartición del Estado levanta sospechas de corrupción. Es lógico que así sea.
En respuesta a esta realidad, distintos gobiernos y sus agencias, a nivel nacional, provincial y municipal, han redoblado los esfuerzos en cuanto a la transparencia de sus gestiones. En este sentido, la publicidad de los actos de gobierno y el libre acceso a la información pública son los ejes por los cuales hoy todos transparentan sus administraciones públicas. Así lo hacen, por ejemplo, el Gobierno de Entre Ríos y el Superior Tribunal de Justicia, quienes diariamente difunden a la prensa, por distintos medios, lo más saliente de sus gestiones.
Ahora bien, en Gualeguay, las nuevas gestiones al frente de la Municipalidad y de la Policía han adoptado la inconducta de no informar sobre lo que ocurre en la ciudad y es de incumbencia pública. Esta mala costumbre fue adoptada por la Justicia desde siempre, pero nunca, hasta este año, lo habían hecho el gobierno local y la fuerza policial, ni siquiera en sus más corruptas gestiones.
Esta conducta, la cual viola los deberes que tienen los distintos cargos, y tiende un manto de sospecha sobre las gestiones, puede obedecer a solo dos motivos: Esconder la incompetencia del público para seguir en el cargo cobrando, o esconder los ilícitos del público para seguir realizándolos, y cobrando. Es difícil imaginar otra razón y cualquiera de las dos afecta seriamente a la comunidad.
Claro está que en ningún caso nos referimos a aquellas extraordinarias excepciones en que ventilar algún dato puede entorpecer una gestión o una investigación.
Como prueba de lo expuesto, basta recordar el hecho de los policías robando con el patrullero, la negligencia de un funcionario que terminó inundando la ciudad, y las múltiples arbitrariedades de la Justicia local. Casos como éstos demuestran que, aunque irremediablemente tarde, la realidad siempre sale a la luz ante la silenciosa impotencia de sus vecinos.
Lamentablemente, en cualquier comunidad bajo un sistema republicano, cualquier ciudadano o asociación civil podría reclamar ante alguna Justicia estas conductas ilegales por parte de funcionarios públicos, y seguramente obtendría respuestas, pero, en este caso, sería como denunciarle al lobo la misteriosa desaparición de Caperusita.
En síntesis, Gualeguay y sus ciudadanos sufren el irrespeto de funcionarios que, por alguna no tan misteriosa razón, no les importa, o no les interesa, que los vecinos conozcan la realidad de la que los mismos funcionarios son responsables, y eso, de ninguna manera, puede significar algo bueno. Si no escondieran algo malo, no tendrían problemas en cumplir con su deber de mantener a los gualeyos informados de todo lo que ocurre.
Norman Robson para Gualeguay21