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Entre Ríos: El Estado busca cambiar la masculinidad de presos

Desde principios de este siglo, el seudoprogresismo feminista ha impuesto la creencia de que ser hombre es malo, y la balanza de la justicia comenzó a castigar a miles de varones con el solo testimonio de una mujer. Así llegamos a este presente, en el cual el Superior Tribunal de Justicia provincial dedica sus energías a una “resignificación de las masculinidades” de sus varones presos. La Justicia, a través de la Uader, destina recursos a convencer a sus presos de que no deben ser los hombres que creían que eran, y enseñarles a ser hombres distintos, así como alguna vez la Inquisición persiguió brujas y herejes para convertirlas al Catolicismo.

Las masculinidades, según concepciones sociológicas modernas, son las características sociales, culturales y biológicas que, en una sociedad, hacen que los hombres sean tales. Se trata de una teoría académica por la cual la masculinidad no está necesariamente relacionada con el sexo anatómico, sino que es una construcción cultural del género que designa el rol de los varones en las sociedades.

El miércoles de la semana pasada, el Dr. Leonardo Portela, presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, y el rector Luciano Filipuzzi, de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, firmaron un convenio por el cual se crea un dispositivo destinado a personas que, en el marco de la suspensión de juicio a prueba y/o condena condicional por el delito de abuso sexual simple contra mujeres, se encuentren bajo el seguimiento y control de la Oficina de Medidas Alternativas (OMA) de la Justicia provincial.

Según lo informado por el propio Superior, el convenio establece, entre otros puntos, que los probados o condenados deberán “cumplimentar todas las tramitaciones y requisitos dispuestos por la universidad para la participación en el dispositivo”, a la vez que deberán “cumplir con todas las obligaciones, diligencias y disposiciones fijadas para la asistencia y finalización del mismo, al igual que el respeto y acatamiento de las normas de convivencia establecidas en el claustro”.

De este modo, poniendo a disposición la infraestructura de la Justicia y la Educación, el Estado diseñó y puso en ejecución una estrategia destinada a convencer a los varones presos condenados por su relación con mujeres, de que son culpables, aunque aún se presuman inocentes. Tal es así que, a través de la OMA, así como ocurrió en la Edad Media, el Estado llega a las cárceles entrerrianas a convertir supuestos misóginos culpados de abuso sexual en modernos feministas, so pena de mayores injusticias, ya que la OMA “será responsable directa del contralor y supervisión del cumplimiento de las reglas de conducta por parte de los probados y condenados”.

Cabe señalar que, como muchos de estos presos son jóvenes que llegaron a las cárceles entrerrianas sin juicios justos, sino violando sus derechos y la propia Constitución Nacional, una medida de este tipo colaboraría en desalentar cualquier presunción de inocencia que quedara en ellos.

Por último, vale resaltar que es por lo menos preocupante que el gobierno disponga este tipo de medidas, convalidando la lucha contra una inexistente misoginia, cuando son graves y demasiadas las deficiencias del servicio de justicia y de la infraestructura penitenciaria en toda la provincia, más aún en plena crisis socioeconómica. Sería mucho mejor para los entrerrianos que sus tribunales se dediquen a hacer justicia y no a mejorar estadísticas, y que las cárceles puedan rehabilitar sus presos y no convertirlos en delincuentes de verdad.

Norman Robson para Gualeguay21

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