GuayMeat: Curiosidades a ambos lados del mostrador

Había una vez una empresa que tenía concesionado un patrimonio municipal. Al rescindir el contrato, acuerda con sus trabajadores en la Delegación de Trabajo y les paga lo acordado. Ese sería el final de esa historia, pero, meses después, apenas les queda asegurado el trabajo con el nuevo consecionario, trabajadores comienzan a enviar telegramas negando lo acordado y reclamando más plata. Lo curioso es que quien tiene a su cargo la licitación es el mismo que patrocina las demandas.

Esto ocurrió este año con el frigorífico municipal local, el cual, desde hacía tiempo, era operado por la firma GuayMeat. En mayo, la firma rescindió el contrato y acordó con los trabajadores su desvinculación. Dicho acuerdo se firmó en la Delegación de Trabajo de Gualeguay ante la presencia de su titular, Mauricio Balbuena, y ante el Sindicato de la Carne, representado por su secretario, Maxi González, su abogado, Matías Báez, y el delegado por los trabajadores, Luis Lazo. Firmado el acuerdo, todos los trabajadores cobraron lo acordado.

A pesar de eso, sorpresivamente, tres meses después, justo luego de ser incluidos en la licitación de la planta, algunos cuantos trabajadores mandaron su telegrama a GuayMeat desconociendo el acuerdo celebrado e intimando a la firma a que les paguen como despedidos sin causa. Después de cuarenta y ocho horas, comenzaron las presentaciones en la Justicia Laboral, y, más tarde, se inició el proceso judicial contra la patronal.

Lo llamativamente suspicaz de todo esto es que quien patrocina a los trabajadores en su demanda contra GuayMeat es el estudio jurídico de los hermanos Bartolomé y Olegario Escobar, y éste último es el actual Secretario de Gobierno, quien tuvo a su cargo la licitación del frigorífico.

En otras palabras, después de tres meses de absoluto silencio, y días después de que los extrabajadores de GuayMeat sean incluidos por el Secretario Escobar en el pliego licitatorio de la planta municipal, las demandas comenzaron a llegar a GuayMeat, todas patrocinadas por el mismo funcionario y su hermano.

Como si eso fuera poco, hay trabajadores que aseguran haber sido invitados a demandar y, al ser planteado el miedo a no ser convocados por el siguiente operador, se les dijo que serían incluidos en el pliego licitatorio, de modo que quedara garantizada su continuidad laboral. Meses antes, el Secretario había afirmado, ante los concejales, que la nómina cesanteada no estaba incluida en el pliego. Cabe remarcar que unos cuantos trabajadores se negaron a demandar a su ex patronal.

Cronología de los hechos

Viernes 31 de mayo de 2024. Los trabajadores firman en la Delegación de Trabajo de Gualeguay el acuerdo de desvinculación y cobran lo acordado.

Martes 11 de junio de 2024. El Secretario Escobar sube al Concejo Deliberante y afirma que los empleados no serán incluidos en los pliegos de la licitación.

Miércoles 28 de agosto de 2024. A días de cumplirse tres meses de cerrado el frigorífico, el Ejecutivo firma el Decreto 725/2024 llamando a licitación para la operación del frigorífico municipal incluyendo los empleados cesanteados.

Jueves 5 de septiembre de 2024. A la semana siguiente de lanzada la licitación incluyendo a los trabajadores en el paquete, GuayMeat comienza a recibir telegramas de los trabajadores rechazando lo acordado e intimando a pagar la diferencia por indemnización sin causa.

Viernes 27 de septiembre de 2024. El Juzgado del Trabajo N°1 acepta las demandas contra GuayMeat.

Martes 8 de octubre de 2024. El Juzgado del Trabajo N°1 comunica a GuayMeat el inicio de las demandas en su contra.

Martes 29 de octubre de 2024. Se adjudica la operación del frigorífico con un grupo de trabajadores.

En la actualidad

Hoy, la firma GuayMeat enfrenta sendos procesos legales a pesar de haber procedido conforme a la ley frente a una autoridad laboral y a representantes sindicales. Mientras tanto, solo un grupo de trabajadores accederá finalmente a un puesto de trabajo cuando abra el frigorífico.

Conclusión

Lo actuado por el Secretario Escobar es, mínimamente, ética y moralmente reprochable, ya que no se puede estar de los dos lados del mostrador. No solo no debería ejercer la abogacía al ocupar un cargo público, sino que, mucho menos, debería hacerlo en asuntos en los que interviene la Municipalidad.

Ahora bien, el haberlo hecho como abogado patrocinante de quienes trabajaban para un concesionario del municipio y que se beneficiaron siendo incluidos en los pliegos, no solo atenta contra la transparencia de la gestión a la que pertenece, sino que motiva preguntarse porqué lo hizo, a la vez que despierta sospechas sobre que pudo ser una operación de tráfico de influencias.

Cabe reconocer que esta sospecha dejaría de ser tal con solo un par de testimonios de los trabajadores confirmando haber sido “invitados” a demandar a la firma GuayMeat una vez que se les resuelva su inclusión en la licitación. Un verdadero escándalo.

Por último, es de lamentar que hechos como éste, de inusitada y escandalosa irregularidad, no solo comprometen la honorabilidad del gobierno local, sino que desalientan cualquier contratación laboral en la jurisdicción, a la vez que espantan cualquier potencial inversión.

Fuentes

La información compartida más arriba puede verificarse accediendo al acuerdo firmado por todas las partes, al pliego de la licitación, a los telegramas enviados a la empresa, y al expediente iniciado en el juzgado, mientras que pueden dar fe de lo expuesto el secretario, el delegado y el abogado del Sindicato de la Carne de Gualeguay, el titular de la Delegación de Trabajo local, el titular de GuayMeat, y los trabajadores que no se prestaron a la jugada.

Norman Robson para Gualeguay21