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La corrupción es miseria y muerte


En el año 2005 el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), realizó una investigación en la que calculaba una cifra cercana a los 10.000 millones de dólares el costo social final producido por la corrupción en nuestro país desde el regreso de la democracia.

Esa cantidad es casi igual a los intereses de la deuda que la Argentina pagó en 2009. El informe de Cipce detalla además un seguimiento que se le hizo a 750 causas penales iniciadas por hechos de corrupción, en las cuáles sólo el tres por ciento tuvo condena efectiva, el resto quedó en la nada y no por nada sino porque no hay poder que investigue al poder; el máximo poder es el que permite robar en la Argentina.
El Estado no controla, más bien ata y destruye los organismos de control. Los argentinos no asisten sin reacción al espectáculo, advierten que las autoridades no son de confiar y en todo caso se arriman a ellas para “sacarles” algo, para que alguna migaja les caiga en las manos, y piensan que si los de arriba se llevan más, a ellos les caerán más migajas.
No hay confianza en ninguna institución. Ha languidecido el viejo prestigio de la iglesia, embarrada en sus escándalos financieros y sexuales; la “reserva moral” que eran los militares mostraron un aspecto brutal y bárbaro, además de una actitud impolítica al llevar el país a una guerra para mantener el gobierno, y debieron retirarse en desbandada sin rastros de prestigio. Tuvo cierta credibilidad la prensa, pero pronto fue cooptada por el poder corrupto que la asfixió con la “pauta”, que distribuye a piacere y solo a los que dicen lo quieren que se diga. No es necesaria censura ni amenaza, basta con cortar el chorro, porque “hasta la hacienda baguala cae el jagüel con la seca”.
Hubo confianza en los jueces, o al menos se los ponía como última opción y se pedía a los quejosos que acudieran a los tribunales. Ahora es el propio gobierno el que ataca a la justicia y hace notar su corrupción por una cuestión de cálculo oportunista en su lucha contra el grupo Clarín, el mismo al que le permitieron por un decreto del año 2007 unir monopólicamente en una sola las dos empresas de cable y del que eran buenos amigos hasta que se divorciaron.
Los argentinos tienen muy claro que los funcionarios quieren puestos de poder para resolver su situación económica sin pensar siquiera en la tarea anexa a los cargos, al punto que no alcanzan a asumir uno que ya quieren otro.
Y por consecuencia, todos se lanzan a hacer lo mismo al punto que el pronóstico de Discépolo para el 2 000 debería ser corregido con índices inflacionarios generosos.
Redacción AIM Digital

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