La hipocresía de la Justicia entrerriana
Para la gente común de una República como la Argentina, donde impera el estado se derecho, la principal puerta de acceso a la justicia es la denuncia. A pesar de esto, radicar una denuncia en los Tribunales de Gualeguay es muy difícil para un vecino de a pié, ya que esa repartición pública, mantenida con sus impuestos, está cerrada al público. Con total hipocresía, el Poder Judicial entrerriano se raja las vestiduras hablando de llevar la justicia a los barrios para ponerla al alcance del pueblo, pero le cierra la puerta en la cara cuando éste va en su busca.
El pasado 13 de octubre, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos autorizó el libre ingreso a los edificios del Poder Judicial para los profesionales de la abogacía y los demás operadores judiciales a partir del 15 de octubre. La medida también estableció que “el control de ingreso deberá ser organizado en cumplimiento de las normas de bioseguridad vigentes, para lo cual se afectará a una persona en la puerta de acceso de cada edificio”. Esta persona, en los Tribunales de Gualeguay, está instruida para desalentar a cualquier vecino de acceder a la Justicia en ese lugar, y lo manda a ver a un abogado, o a la Jefatura Departamental de Policia.
A pesar de que se puede ir al boliche, a la cancha, a misa, y al banco a pagar los impuestos, no se puede ingresar a Tribunales, los cuales, por orden expresa del Superior Tribunal de la Provincia, acatada estrictamente por el Olimpo Judicial local, son solo para jueces, abogados y auxiliares. Los legítimos destinatarios del servicio de justicia, el pueblo, debe quedarse de la puerta para afuera, desde donde son obligados a elegir entre llevar su problema a un funcionario judicial, quien no está instruido para asistirlo sobre sus derechos, o caer en un costoso abogado que no siempre puede pagar.
Sin lugar a dudas, esta es la forma más elegante que tiene la Justicia entrerriana de evitar el trabajo, ya que sin denuncias, y sin reclamos de la gente, no tienen que resolver sus problemas, y pueden disfrutar tranquilos de sus onerosos salarios judiciales, por lejos, los más altos del espectro estatal.
Eso sí, a la hora del discurso, los magistrados, desde su cetro de hipocresía, no dudan en vociferar a los cuatro vientos su compromiso con la justicia, a la vez que se rasgan las vestiduras en nombre de cualquier vulneración de los derechos del pueblo, mientras ese mismo pueblo, impotente, se refugia en su hogar, porque sabe que el joven policía no podrá darle las soluciones que tan desesperadamente precisa, y porque al abogado no puede recurrir, pues no tiene para pagarle, o, si pudiera, le costaría los ahorros de su vida.
Esa es la hipocresía de la justicia entrerriana, que se embandera en el acceso a los derechos, mientras, sin escrúpulo alguno, se encierra en su Olimpo, y, desde allí, priva a los simples mortales de aquello para lo que está mandado a servir.
Norman Robson para Gualeguay21