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Qué vergüenza…


Días pasados, el gobierno entrerriano publicó los resultados de un sondeo efectuado por la Dirección de Relaciones Municipales de Entre Ríos sobre la transparencia de las gestiones municipales a lo largo y ancho de la provincia desnudando que Gualeguay está entre las 10 menos transparentes.

Este trabajo, según comunicaron, fue realizado evaluando el grado de información que suministraba cada gestión sobre su administración, cumpliendo con lo dispuesto en la ley provincial 10.027.
Cabe remarcar que el ánimo filosófico de exigir transparencia a las administraciones no solo pretende satisfacer el derecho de los ciudadanos a conocer en detalle la administración de su ciudad, sino también garantizar que ésta se realiza de forma correcta, evitando así cualquier sospecha de corrupción.
En este sentido, cabe recordar que la ley 10.027, en el punto k del artículo 95°, dice que son atribuciones y deberes del Concejo Deliberante pedir al Intendente o a sus secretarios los informes que necesite para conocer la marcha de la administración.
En el mismo sentido, en el punto ll) del artículo 108º esta ley también dice que es deber del Intendente publicar textualmente todos los dispositivos legales que dicte el municipio, sean ordenanzas, decretos o resoluciones.
Del mismo modo, en este último punto, la ley dice que debe publicarse mensualmente un detalle de la ejecución del presupuesto poniéndolo a disposición de la población en forma gratuita en los lugares públicos y en los municipios.
Ahora bien, los resultados de esta investigación, en primer término, exponen el irrespeto que profesan gran parte de las comunas entrerrianas por la ley vigente.
Tal es así que pocos municipios cumplen con la ley, mientras que la mayoría esconde la información o evita suministrarla en tiempo y forma.
En segundo término, en lo que respecta a Gualeguay en particular, no sorprende a nadie estar relegados entre las gestiones menos transparentes, no solo por los sospechosos manejos internos, sino también por la serie de causas penales que pesan sobre el propio intendente.
En nuestra ciudad es llamativa la abundante cantidad de negocios que se realizarían desde el municipio local, con compras y contrataciones directas sobrevaluadas fraguando la debida operatoria, a la vez que se ven teñidas de sospecha las organizaciones de eventos y hasta los mismos carnavales.
Del mismo modo, también es llamativa la alevosa inacción de la Justicia Ordinaria y del Tribunal de Cuentas, ambos, por su dilatada inacción, ya son cómplices de ésta situación cuyos detalles son de su cabal conocimiento.
Por todo esto, es hasta difícil concebir que existan siete municipios con gestiones más oscuras que la de Gualeguay, pero, por otro lado, es evidente que el Estado ha consentido ésta realidad sin proceder de acuerdo a lo que la ley indica.
Qué vergüenza…
Norman Robson para Gualeguay21

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