Riesgo de Rebelión Fiscal en las Provincias
La voracidad fiscal que vienen mostrando las provincias y municipios del país en los últimos años, está encontrando su propio punto de saturación en los contribuyentes. La reciente protesta con cese de actividades en Ushuaia contra la reforma impositiva que impulsa Tierra del Fuego, es un ejemplo del agotamiento de productores y comerciantes por las subas de impuestos recurrentes que vienen soportando en su actividad económica.
Pero el caso Tierra del Fuego, que pretende subir la alícuota de Ingresos Brutos de 3% a 4,5%, es solo reflejo de una rebelión fiscal que puede repetirse en otros lugares del país si gobernadores e intendentes insisten en seguir sumando ingresos a sus arcas a costas de asfixiar el trabajo de las PYMES.
La situación es como mínimo preocupante: ya hay 18 provincias que aprobaron o tienen en estudio incrementos en las tasas de Ingresos Brutos. En Tucumán la alícuota subió 40% (de 2,5% a 3,5%) este mes; en Santa Cruz a fines del año pasado se autorizó un alza de 20% (de 2,5% a 3%); en Neuquén se aplicó tiempo atrás un aumento de 50% (de 2% a 3%); en Río Negro se eliminó la bonificación de 30% por pago al día y subió 50% la alícuota (de 3% a 4,5%) para grandes contribuyentes; en Entre Ríos aumentó 22% (de 1,6% a 3,5%) la alícuota de servicios relacionados con actividades primarias, en tanto igual situación atraviesan Mendoza, Misiones, Santa Fe y Buenos Aires, entre otras provincias.
Absurdo
Ingresos Brutos es un impuesto que cobra un porcentaje directo de la facturación bruta de las empresas. Se mueve en sintonía directa con la actividad económica. Y de allí ingresa el 75% de los recursos propios de las provincias. Lógicamente que cuando caen las ventas, cae la recaudación propia de las provincias y se siente. Pero los gobernadores creen que esa merma pueden resolverla subiendo las alícuotas, sin reparar en la fragilidad que provoca la menor demanda en las PYMES. Así, mientras muchas pequeñas y medianas empresas hacen equilibrio para acomodarse hasta que la actividad repunte, reciben un castigo fiscal insostenible.
Pero el sofocamiento fiscal tampoco termina allí. Centenares de municipios están aumentando sus tasas o incorporando nuevas. No es un fenómeno nuevo producto de la menor actividad. Hace años llevan haciéndolo. Ya hay más de 140 tasas municipales diferentes en las ciudades de la Argentina. A su vez, con el asesoramiento de consultoras privadas encuentran el recoveco legal para incorporar impuestos que se superponen con los que cobran las provincias. En Corrientes, diversos municipios aplicaron una tasa de ingresos brutos municipal que grava el 0,3% de las ventas. La tasa se superpone a ingresos brutos provincial y los empresarios temen que vengan sucesivas alzas.
Lo mismo sucede en otras ciudades. En Neuquén, hay municipios que aplicaronalzas de hasta 500% en las tasas locales. En Sáenz Peña, Chaco, se introdujo un impuesto a la cartelería y en la capital de la provincia se estudian subas preocupantes. En Mendoza, las tasas municipales se duplicaron en la mayoría de los municipios, en Misiones se aplicaron aumentos desmedidos en la tasa de cartelería y comercio. En Río Gallegos se manejan con módulos que suben automáticamente las tasas y en muchos municipios de la Provincia de Buenos Aires se vienen aplicando subas recurrentes en seguridad e higiene, publicidad interior y tasa de abasto. Si bien en 2008 una ley provincial limitó los excesos en las tasas municipales, los municipios bonaerenses le encontraron la vuelta legal para seguir presionando con ellos.
Al máximo
La presión fiscal en la Argentina se encuentra en niveles históricos. Nunca se presionó tanto sobre la producción. El año pasado, la recaudación nacional alcanzó los $540.130 millones, equivalente a 29,3% del Producto Interno Bruto (PIB). En el año 2001 la recaudación nacional representaba solo 16,8% del PIB. Es decir, la presión fiscal subió 12,5 puntos porcentuales en 10 años. Si se suma además lo que cobran provincias y municipios, estamos hablando de una presión tributaria de casi 35% del PIB. Pero con un agravante: un tercio del producto argentino se genera en la informalidad, eximido de todo gravamen. Es decir, los que pagan efectivamente sus impuestos en la Argentina enfrentan una carga real promedio del 45-46% del PIB.
La carga tributaria es insostenible para los pequeños y medianos empresarios. La anarquía fiscal que hay en las provincias y municipios requiere de un ordenamiento urgente que permita a las empresas planificar y producir sin la amenaza fiscal permanente de los gobiernos locales. Hay ejemplos para imitar. Uno de ellos es La Rioja, donde el tribunal de justicia declaró inconstitucional la tasa de seguridad e higiene aplicada en el municipio capitalino. El crecimiento y el desarrollo de una nación no se apuntalan con más impuestos, sino dándole calidad, justicia y equidad al sistema tributario y eficiencia a su recaudación.
Osvaldo Cornide, Presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME)