Rogel quiere modificar la ley de estupefacientes
La actual competencia federal en la investigación de los delitos relacionados con estupefacientes se encuentra definida por el artículo 34 de la ley 23.737 del año 1989. Si bien es un tema discutido (doctrinaria y jurisprudencialmente), la competencia de la justicia federal no tiene raigambre constitucional explícita.
En este sentido, el Diputado Nacional Fabián Rogel expresó que se está trabajando en la modificación de la ley 23.737 para habilitar la competencia provincial en esta materia.
“Por un lado, se sostiene que el fundamento constitucional de la competencia federal es el que establece el artículo 116 de la Constitución Nacional. Sin embargo, del texto de dicho artículo no surge la pretendida adjudicación de competencia, por lo que entendemos que no habría inconvenientes constitucionales para que sean las provincias, a través de sus juzgados, fiscalías y policías, las que entiendan en esta clase de delitos.”, sostuvo el legislador.
Desde siempre, esto es, desde la ley 20.771 del año 1974 se atribuyó a la jurisdicción federal la intervención en esta temática, en el entendimiento que ese fuero era el adecuado para conocer en la investigación y juzgamiento de las conductas ligadas al narcotráfico. Y seguramente lo era, décadas atrás, cuando el mercado de drogas en nuestro país era considerablemente más reducido que en la actualidad. Pero claramente, esta realidad se ha modificado, para peor.
“Es en vano seguir discutiendo si Argentina pasó de ser un país de tránsito a un país productor, cuando en verdad estamos más cerca de lo que se vivió y vive en países como Colombia o México. Es visible que el tráfico de drogas es un problema creciente en Argentina, el cual hay que abordar como un tema de Estado.
Las estadísticas demuestran que la policía y justicia federales no han podido investigar y juzgar a los delincuentes con la debida eficacia, eficiencia y celeridad que el problema requiere. Y esto se debe fundamentalmente a la escasez de recursos humanos y materiales con la que cuentan los juzgados y las fiscalías federales en el interior del país, sumado a las reducidas delegaciones con las que está dotada la policía federal.
Está a la vista que estos órganos no son suficientes para encarar una investigación que comprenda la extensión territorial y las dimensiones que adquieren las conductas delictivas relacionadas con el narcotráfico.
“Las fiscalías, juzgados y policías provinciales tienen una cercanía con la comunidad que en el proceso de investigación es fundamental, tienen un alcance territorial en todo el país que el fuero federal no, tienen reparticiones en todos los rincones del interior, que hace que sean ellos los que primeros conocen donde y quienes están cocinando y donde y quienes están vendiendo la droga. Por lo que serán muchos mas eficaces en la persecución del productor y del traficante, que lo que actualmente lo es la justicia federal. Habrá que coordinar por supuesto qué grado de participación y apoyo podrá brindar el fuero federal al provincial en esta tarea”, finalizó el legislador.
Es imprescindible que el Gobierno reaccione ante este contexto, que invariablemente –y de no tomarse las medidas acertadas en un lapso breve de tiempo- va a llevar a nuestro país a una realidad tan lamentable y violenta como la que se vive en los mencionados países hermanos latinoamericanos.
Gualeguay21