Sobre la información pública ambiental

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Días pasados, un nuevo amparo fue iniciado por la Fundación CAUCE, luego de que no respondiera el Gobierno un pedido de información sobre el río Uruguay, su navegabilidad y el Complejo Hidroeléctrico Salto Grande.

Esto pone sobre la mesa el acceso a la información pública ambiental, regida en nuestro país por una ley de presupuestos mínimos que, justamente, como lo indica la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente, son base uniforme para todo el territorio argentino, pudiendo luego las provincias complementarlas. Al mismo tiempo, los estándares del Acuerdo de Escazú, son obligatorios para los distintos niveles del Estado para el correcto ejercicio y goce de los derechos por la ciudadanía.

Gualeguay21