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10 diciembre, 2025 8:31 am
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Vienen por la Caja de Jubilaciones

Ante los rumores agitados y no desmentidos desde los pasillos de la Casa Gris, acerca de cambios en la ley y el sistema previsionales (obviamente contra los trabajadores jubilados y pensionados), gremios y fuerzas entrerrianas están organizándose.

El pasado martes 17 de enero se realizó la segunda reunión preparatoria del ámbito Multisectorial desde el que diversas organizaciones sindicales, sociales y políticas de Entre Ríos, piensan resistir esta nueva versión del ajuste. Desde Casa de Gobierno, nadie se preocupó (todo lo contrario) por desmentir los rumores que hablan de la intención de retocar la ley y el sistema previsional de la provincia; obviamente en contra de los trabajadores jubilados y pensionados de por estos pagos.

 

 

 

De esta segunda reunión (que continuará la semana próxima) participaron AMET, AGMER y AGMER Paraná, la CTA Paraná, la Federación de Jubilados de la Provincia de Entre Ríos, UPCN, la Asociación del Personal Superior de la Municipalidad de Paraná (APSM) y la CCC. El objetivo fue coordinar fuerzas para dejar en claro que a la ley 8732 de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos así como la Caja de Jubilaciones y Pensiones, no será fácil tocarlas ni destruirlas.

Amenaza

La versión señala que se intentaría, por un lado, elevar la edad jubilatoria. Así, buscarían tapar la realidad (efectiva) de que los años de aportes son cada vez menos, lo que se debe a que el crecimiento del trabajo precario (en negro) hace que muchos jóvenes trabajen muchos años antes de empezar a cobrar con recibo de sueldo, tener estabilidad laboral y aportar a la Caja; cortando así por el hilo más delgado. Por otro lado, buscarían ir a fondo con la “armonización” con el sistema jubilatorio nacional, por lo que se pondría en riesgo (o directamente liquidaría) el 82% móvil que conservan como derecho los jubilados entrerrianos, para pasar a cobrar como los nacionales, hasta menos del 40% del salario que estuvieran percibiendo al momento de jubilarse.

Tan reaccionario y mezquino es el embate que hasta la CTA provincial, de Pelandino y Elizar, tuvo que salir a desmarcarse. Lo hicieron cortándose solos y con un comunicado tibio y edulcorado, pero que hayan tenido que salir a decir algo que no sea “sí Pato”, habla a las claras de la gravedad del asunto.

Figurita repetida

A la historia ya la conocemos: cuando una entidad quiere ser rematada, primero hay que bombardearla, para que en el momento de darle el toque final parezca que lo que está cayendo son sólo las ruinas de lo que alguna vez pudo haber sido una obra importante.

Así, a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia le toca recibir hoy el arsenal de denuncias y versiones de la prensa urridependiente, en la que se la pinta como irrecuperable, deficitaria por naturalez, y encima se ubica a docentes y trabajadores del Estado en general como culpables de dicho desfasaje. Paradójicamente, no son éstos los que cobran jubilaciones no acordes a lo aportado (si miráramos por el lado de los jueces, por ejemplo, nos encontraríamos con algunos números que, de no dar bronca, darían risa).

En este sentido, la exigencia que votó AGMER Paraná por unanimidad en su última reunión de Comisión Directiva de que el gobierno provincial reclame el 15% de coparticipación cedido a la Nación en ocasión de la creación de las AFJP, pacto fiscal de 1992 mediante, ahora que dicha situación especial ya no existe; parece marcar un camino distinto al ajuste contra los laburantes, única solución que se les ocurre a nuestros gobernantes.

Votos y botas

Así, el gobierno va preparando el terreno para el ataque. Y, como comenzaron a fines del año pasado en Río Negro y en Santa Cruz, el mismo está dirigido a caer sobre las espaldas de (obviamente) el pueblo laburante.

Paradójicamente (o no), en las tres provincias mencionadas (las del sur y la nuestra), hay tres coincidencias: 1- el Estado ajusta sus números, recortando “gastos”; 2- quienes pagan y ponen y sufren dicho recorte son los trabajadores, activos y jubilados; y 3- ninguno de los gobernantes implicados prometió estas medidas en las campañas electorales realizadas hace tan sólo unos pocos meses. Efectivamente, al 54% del que a nivel nacional se ufanan desde el oficialismo, parecen haberlo entendido como un cheque en blanco a la gestión.

En Santa Cruz, las protestas sociales frente al ajuste casi se llevan puesto al gobernador Peralta, frenando las medidas y provocándole fisuras en su propio frente interno de las que le va a costar mucho recuperarse. En Entre Ríos, la incipiente Multisectorial atisba un camino que puede tomar ribetes hoy insospechados.

De todos modos, las organizaciones de trabajadores activos y desocupados, jubilados y pensionados, son conscientes a su vez de la posibilidad de que el gobierno quiera imponer con la represión lo que no prometió para conseguir votos. La ley Antiterrorista, votada por todo el arco urrikirchnerista de legisladores, no se entiende si no es en este sentido.

Preparando la resistencia

Por lo pronto, el pedido a de explicaciones y desmentidas Urribarri, Bahl, Valiero y Elías (gobernador, ministros y presidente de la Caja, respectivamente), es sólo un primer paso, que sirve para unificar fuerzas y consensuar rechazos.

El que sea un ámbito Multisectorial el que va a discutir la reacción ante esta posibilidad, es la mejor de las noticias. Unidad para la lucha, como primera y principal respuesta al ajuste y la represión, es lo que enseña la historia e impone el momento. Vienen por los jubilados. No les va a ser tan fácil.

Ignacio González Lowy para Río Bravo