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¿Y de esto quién se hace cargo…?

Días pasados, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentenció, esta vez de forma definitiva, que todos son inocentes. Pero ellos dos ya no estaban. Ella se fue el pasado 23 de septiembre, él se había adelantado el 29 de junio de 2017. Sus partidas de defunción culpan al cáncer, pero, en honor a la verdad, los dos murieron a manos de una Justicia corrompida por la política. La historia cuenta que ambos ya habían empezado a morir a fines de 2014, cuando comenzó su calvario por una falsa acusación teñida de venganza. Hoy aturde el silencio de los medios serviles que entonces alentaron aquella condena social. ¿Quién se hace cargo de estos años de dolor y muerte…?

Los dos habían nacido en 1943, ella en Lazo y él en Gualeguay. Ella fue la primer nutricionista de Entre Ríos y sirvió casi medio siglo al Hospital San Antonio, a varias instituciones intermedias, y a la docencia. Él fue un reconocido escribano y político que llegó a ser Intendente de su ciudad y Escribano Mayor de Gobierno de su provincia. Entre los dos formaron una linda familia, ayudaron a sus tres hijos a ser profesionales, estos les dieron nietos, y así vivieron felices. Pero, en este país tan generoso, enfrentar la corrupción puede costarte la vida.

En el 2003, el entonces Gobernador Jorge Pedro Busti invitó a este Escribano a “armar” la aún inexistente Escribanía Mayor de Gobierno, y a ponerse al frente de la misma. No se trataba de un área política, sino de una cartera de carrera que diera entidad a todos los actos notariales que hiciera el estado provincial. Y así lo hizo. Pero en 2007 Sergio Daniel Urribarri asumió como Gobernador y los negocios del Gobierno dejaron de ser solo para la provincia. Y él no solo se opuso, sino que se interpuso en muchos de los planes.

En ese contexto, en 2014, luego de “aguantarlo” en ese cargo estratégico casi 6 años, surgió una oportunidad: acusar de estafa al Escribano, a sus hijos y a otros, por un fideicomiso realizado por Héctor Alfredo Ascar, en 2007, sobre 37 de sus propiedades. El codiciado complejo de Paso de Alonso era la perla de esa operación. Pero ni él Escribano, ni su hija, también escribana, participaron formalmente en el fideicomiso. Solo su hijo fue parte, asesorando a Ascar en cuestiones de producción agrícola. Los otros denunciados fueron la viuda, que luego “negoció” su testimonio en contra de los otros, el sobrino y mano derecha con su señora, y un empleado bancario, persona de confianza de Ascar que le hacía los trámites. 

Tanto el Escribano como su hija, al igual que otros profesionales de Gualeguay, todos de su confianza, solo asesoraron informalmente a Ascar sobre los pros y los contras de ese recurso jurídico legal y legítimo, mientras que la única escribana actuante, en todos los oficios notariales, fue Silvina Lacorazza. Pero ni esta notaria, ni ninguno de los que brindaron su opinión sobre el fideicomiso, fueron siquiera mencionados en la causa.

Tal fue la desprolijidad del caso, que se llegó al juicio sin poder determinar un delito, ni pruebas sobre el delito inventado, ni nadie que defendiera los intereses de los beneficiarios menores, lo que obligó a la Justicia a viciar el proceso de irregularidades para justificar la condena. Sin lugar a dudas, se trató de una causa “armada” contra el Escribano y su familia, con la viuda de Ascar como víctima facilitadora y los demás como “daños colaterales”.

Al año de iniciada la causa, en un trámite express, el tribunal gualeyo, de forma inexplicable, condenó a todos, menos a la viuda, a penas de entre 3 y 4 años de prisión efectiva.

Mientras ocurría todo esto, desde que se hizo pública la acusación, la prensa servil al poder político encendió los ventiladores y desparramó todo tipo de impresiciones y falsedades sobre el Escribano y su familia. “El primer funcionario de Urribarri culpable”, señalaron algunos, cuando hacía años que éstos estaban enfrentados. Pero todo vale a la hora de ganar lectores y justificar la pauta oficial.

Como consecuencia de todo esto, una angustiante impotencia se apoderó de los injustamente condenados, en realidad víctimas, y la depresión se impuso en sus vidas, a unos más que a otros. Los más jóvenes se la “aguantaron”, pero las defensas de los más viejos menguaron y el cáncer aprovechó para ser su verdugo. El otrora Escribano Mayor luchó varios años, pero a ella, ya débil y sola, se la llevó en semanas. De igual modo, para los dos la agonía había comenzado el día que en la mentira involucraron a sus hijos.

Pero la búsqueda de una justicia justa nunca se detuvo, a pesar de las trabas burocráticas y los servicios legales millonarios. Una lucha por momentos ingrata que, el pasado 14 de octubre, llegó a su fin: Una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la figura de sus jueces Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, se expidió sobre la mentada causa contra la familia Gastaldi y otros desestimando el último recurso interpuesto por la querella. El tribunal entendió que la queja “resulta inadmisible según el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, y le puso un punto final y definitivo a esta vergonzosa historia.

Paula Josefa Iriarte y Gregorio Francisco Gastaldi hoy descansan en paz, la paz de los inocentes, pero los artífices de semejante daño gratuito a gente inocente aún se esconden entre las sombras del poder, mientras aturde el silencio de quienes antes apuntaban con su índice haciéndose eco de las infamias. La acusación y posterior proceso por el fideicomiso de Ascar no fue un error humano, ni un accidente, ni una casualidad. Se trató de un acto ideado y ejecutado desde el poder con una intención concreta, pero esa es otra historia.

Hoy solo suena una pregunta: ¿Quién se hace cargo de estos años de dolor y muerte…? ¿Quién pagará tanto daño…

Norman Robson para Gualeguay21

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