Crónica de una estafa impune

Después de dos años y medio de denunciada ante la Fiscalía local, donde se hicieron cargo el ex fiscal Agustín Gianini y quien fuera coordinador, Dardo Tortul, cónyuge de Rubattino, la causa sufrió convenientes desviaciones y malinterpretaciones, y ahora descansa a la espera de que alguien la desempolve para hacer justicia.

Antecedentes

Entre la Nación y el Gobierno de Entre Ríos, allá por junio de 2009, se selló un convenio marco por el cual se creó el Programa de Viviendas para Pobladores Aborígenes y Rurales, a partir del cual comenzó a gestarse la gran estafa de los Consorcios de Gestión en esta Provincia.

Dicho convenio fue firmado entre el Ministerio de Planificación de la Nación y el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la provincia de Entre Ríos, con el objeto de darle “una solución al problema habitacional de sectores sociales desprotegidos” a través del financiamiento total y no reintegrable de 400 viviendas y la infraestructura común necesaria.

A partir de este convenio, en octubre de ese mismo año, el Gobierno entrerriano, por el Decreto 3977, aprobó el mismo, y, cuatro meses después, en febrero de 2010, por el Decreto 242, lo ratificó y autorizó, en ese marco, la creación de Consorcios de Gestión.

Justificó esto entendiendo que las Juntas de Gobierno no tenían estructuras administrativas de Obras Públicas, razón por la cual convocó a las Cáritas de Gualeguaychú, Concordia y Paraná como fuerzas vivas veedoras de los mismos, y referenciándose en los Consorcios de Cooperación regulados por la Ley Nacional 26.005, los cuales nada tienen que ver con estos ni pueden adecuarse a la operativa planteada.

El caso Gualeguay

Con estos antecedentes, en enero de 2013, la legislatura entrerriana aprueba la ley 10.197 que crea el Programa de Desarrollo de la Infraestructura Social de Entre Ríos, PRODISER, el cuál, en su artículo 4, autoriza los Consorcios de Gestión, ley a la que adhiere la Municipalidad de Gualeguay por Ordenanza 2695 en junio de ese mismo año.

De este modo, el primero de agosto, la Nación, la Provincia y la Municipalidad de Gualeguay firman un convenio específico, en el marco del Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento del Habitat de Pueblos Originarios y Rurales, por el cual se dispuso la construcción de 80 viviendas y su infraestructura común por un monto de casi 25 millones de pesos.

En este convenio, donde se estipuló que debían intervenir la Unidad Ejecutora Provincial, por parte de la Provincia, y una Unidad Ejecutora Municipal, por parte de la comuna, no solo no se menciona la participación de consorcio alguno, sino que el reglamento suscripto por las partes no permite la participación de otras entidades.

Indiferente a esto, el 12 de ese mismo mes, con el Decreto 827, la Municipalidad aprobó el convenio específico firmado con Nación y Provincia, y, en octubre, con el Decreto 1075, se creó el Consorcio de Gestión para la construcción de las 80 viviendas.

Estos dos decretos fueron firmados por Luis Erro, como Presidente Municipal, y por Paola Rubattino entre los secretarios, al igual que el acta de conformación del Consorcio, también en octubre, y los decretos 1190 y 1222 que la aprueban, estas últimas por Rubattino ya siendo Presidente del Consorcio y Secretaria.

Cabe destacar que el Consorcio fue conformado íntegramente por funcionarios municipales en función en el propio municipio y con dirección de la propia Municipalidad.

Cumplimentado todo esto, el 20 de diciembre se 2013, la Municipalidad de Gualeguay y el Consorcio de Gestión para la construcción de 80 viviendas, Erro por un lado y Rubattino por el otro, firmaron el convenio a tal fin en el marco del Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento del Habitat DE Pueblos Originarios y Rurales y el PRODISER, estableciendo que los casi 25 millones debían depositarle en una cuenta del Banco Nuevo BERSA.

Ese mismo día, Erro como intendente y Rubattino como Secretaria, y presidenta del Consorcio, firmaron el Decreto 1314 aprobando lo actuado y comenzaron a recibir las partidas desde la Nación.

De este modo, el Consorcio, sin ningún tipo de control, gastó a su exclusiva discreción los casi 25 millones de pesos que recibió del Estado Nacional para construir las 80 casas.

Vale señalar que los certificados de obra necesarios para la recepción de las partidas fueron aprobados por la Unidad Ejecutora Provincial, convalidando avances inexistentes que sólo facilitaron que se completaran los aportes sin que se terminará la obra.

La estafa

Dos años después de iniciada, el 25 de noviembre de 2015, habiendo perdido ya las elecciones y a días de dejar el gobierno, con la Ordenanza 2780 la Gestión Erro adjudicó las viviendas sin terminarse y sin las obras de infraestructura comunes.

De inmediato, las beneficiarias, en su mayoría mujeres solas con hijos, tomaron posesión de viviendas incompletas, sin terminar, en terrenos inaccesibles aislados de cualquier servicio público básico.

De acuerdo a la documentacion obrante, el barrio estaba terminado y, por consiguiente, el Consorcio de Gestión quedó diluido.

Denuncia y proceso

Frente a tamaña estafa, no solo a las arcas públicas, sino, también, a 80 familias, a fines de febrero de 2016, el medio Gualeguay21 expuso todo esto en detalle en un artículo titulado “El fantasma del 80 viviendas”, mientras que, días después, a principios de marzo, Norman Robson, director de ese medio, realizó la denuncia pertinente ante la Fiscalía local.

A pesar de los datos aportados con la denuncia, donde queda clara la participación necesaria de Erro y Rubattino en la creación de una figura ilegal e ilegítima, sin personería alguna, para disponer arbitrariamente de casi 25 millones de pesos, los fiscales nunca imputaron a Erro y buscaron la forma de desligar a Rubattino del hecho culpando al arquitecto que dirigió la obra.

Desde entonces, 30 meses pasaron y la causa, que se replica en diferentes ciudades de la provincia y el país, sigue impune. Sus mentores locales, Erro y Rubattino, siguen prendidos de la política y renuevan sus aspiraciones para el 2019, mientras que Tortul, jefe de los fiscales y marido de Rubattino, fue premiado como juez dd cámara, y Gianini se retiró luego del caso Benvenuto.

Conclusión

Hoy, la causa sigue en la Fiscalía, ahora en las manos del Fiscal Eduardo Santos. Según se sabe, habría peritajes terminados, pero nada hace suponer que habrá novedades en el asunto, mientras que hechos similares ya fueron denunciados en Villaguay y Paraná campaña, y el Juez Bonadio, desde la Justicia Federal, estaría espiando lo que sucede.

Más allá del caso local, en la provincia son muchos los casos que obedecen a este mismo patrón, lo que redunda en una cifra que ascendería a más de mil millones de pesos del año 2013, mientras que, a nivel pais, el monto sería mucho mayor.

Norman Robson para Gualeguay21