Cuando el trabajo espanta a la justicia

Lamentablemente, la Justicia se caracteriza tanto por sus onerosos sueldos, y demás beneficios, como por su ineficiencia, la cual lleva a eternas dilataciones en ese proceso de hacer justicia. Estas características han causado, a lo largo de los años, muchas víctimas inocentes.

De esta realidad se desprende que, a pesar del exageradísimo presupuesto en recursos humanos que beneficia a la Justicia, ello no se traduce ni en productividad ni, mucho menos, en eficiencia.

Para resolver esto, el sabio Estado implementó, hace tiempo, el recurso del Juicio Abreviado, una suerte de Juicio Express, donde negocian la pena y, de inmediato, el culpable comienza a cumplir la pena, evitándose así los trabajos siguientes en el proceso judicial.

De este modo, el Estado y su Justicia, aplicando masivamente este recurso, y sin mucha discreción, resolvieron su problema y los expedientes comenzaron a ser cada vez menos.

¿… y la justicia dónde quedó…?

Todo muy lindo, los funcionarios de honerosos sueldos se vieron aliviados, pero resulta, por lo menos extraño, que la Justicia sea la misma al final de uno u otro sistema.

En el caso del crimen de Micaela García descubrimos, con mucho dolor, que la justicia no es la misma cuando la Justicia no trabaja como debe. Descubrir eso nos costó una joven vida. En aquel entonces, Wagner, por dos violaciones que le habrían costado más de 20 años, un juicio abreviado lo benefició con solo 9 años, de los cuales el Juez Rossi redujo a 6.

Frente a tan terrible error, el Estado, a través de su Legislatura, se propone corregir esto y elabora un proyecto de ley que tardó la friolera de 15 meses en llegar a la mesa de discusión. Éste propone que no se pueda recurrir al juicio abreviado en los casos de crímenes sexuales. De este modo, con el.objeto de validar la corrección, la Legislatura lo somete a discusión con quienes deberían velar por una Justicia justa.

Pero, para sorpresa de muchos, el Procurador, el que acusa, y el Defensor Público, el que defiende, se opusieron a este proyecto y defendieron el Juicio Abreviado. “Lo importante es que el juicio se termina”, dijo uno, “el abreviado ha sido una herramienta de mucho valor para solucionar temas que se iban acumulando en los juzgados de instrucción”, recordó el otro, entonces el primero sostuvo elocuente que si la víctima está de acuerdo es suficiente para proceder, y el otro concluyó que a la víctima hay que darle la posibilidad de evitar el juicio.

Como se puede apreciar, ambos funcionarios de la Justicia, seguramente muñéndose de probos argumentos, priorizaron el menor trabajo y un presunto derecho a evitar la justicia, por sobre la justicia real y el derecho a vivir de las posibles futuras víctimas.

Claro está que a estos funcionarios les pagamos por sus acabados conocimientos jurídicos, y no por su sentido común, aquel menos común de los sentidos, el cual esperamos que prime en el seno de la Honorable Cámara de Senadores.

Parece mentira que, a esta altura del siglo XXI, el trabajo espante a la Justicia y perjudique a la propia justicia.

Norman Robson para Gualeguay21