Operativo anti público

Tal es así que desde la semana pasada, cuando decidieron evitar las audiencias públicas que establece la ley, viene instruyendo al Jefe de Policía local, con precisión, sobre como disponer los vallados y el personal pertrechado mientras se estén celebrando las audiencias, de forma de mantener lo más alejado posible de la sala al público en general y, por supuesto, a la prensa y a la militancia en particular.
Cabe recordar que la Sala se encuentra en la planta alta del edificio, en su corazón, y no tiene ningun ventanal, ni hacia la calle ni hacia adentro.
En este sentido, con el objeto de evitar que pueda escucharse algo, según él mismo confió, el Juez fue estricto al decidir que todos deben estar más allá de la calle, sobre la vereda de la misma plaza, para lo cual ordenó vallar toda la vereda hacia la plaza, desde la primera uerta del edificio judicial hasta la esquina, cerrando con la farmacia, definiendo dos zonas de seguridad: una frente al edificio y otra por Rocamora, por donde accederán los imputados. (Ver plano)

Vale reconocer que, por lo menos, el Juez aceptó liberar de esta barricada perimetral al Carrito Panchero, algo que la prensa y todos aquellos que pensaban seguir de cerca el juicio celebramos cálidamente.
Del mismo modo, cabe señalar que, con este operativo, el Juez Cadenas no solo se asegura que nadie escuche lo que ocurre dentro del recinto, sino que, también, evita que abogados, familiares, fiscales o testigos, salvo que vengan con garrochas, puedan compartir algún detalle de lo que ocurre adentro con alguno de los bárbaros que estaremos ubicados tras las vallas.
Ahora bien, vista la dedicación que pone tan responsable magistrado en evitar que trasciendan detalles del juicio, descontamos que ya se debe saber de memoria el expediente sobre el cual deberá impartir justicia, aunque, claro está, si así no fuera y se equivocara, ya se aseguró poder evitar que eso salga rápidamente a la luz.
Frente a esta lamentable situación, solo me pregunto que motiva a un magistrado, quien debería estar comprometido con la sociedad, desplegar tanta energía en quitarle a ésta su derecho a la información, tan bien protegido en nuestras leyes.
Por último, respecto al pedido de los padres, me reservo el derecho de sospechar que este solo puede responder a una exigencia o imposición del Tribunal, ya que justo estos padres son los que tomaron las banderas del compromiso enarboladas por su hija para, desde aquella controvertida despedida, darle un sentido profundo a su trágica partida, más allá de cualquier intimidad que pudiera haber quedado sin revelar por los medios.
Definitivamente, es por todo esto que siento que estas medidas arbitrarias del Tribunal tienen que ver más con los problemas del sistema que desnudó el caso, muy incómodos en plena campaña electoral, que con la integridad de Micaela, una joven que jamás hubiera claudicado en sus derechos.
Norman Robson para Gualeguay21