Cumple seis años la reforma constitucional

Nada nuevo ha pasado desde entonces.- Ninguno de sus modernos institutos y organismos de control creados en el marco de un gran consenso cívico tuvo eco en la Legislatura entrerriana, encargada de sancionar las leyes que pongan en funcionamiento las numerosas novedades institucionales creadas por un universo de constituyentes ideológicamente en las antípodas en algunos casos como kirchneristas, radicales, socialistas, peronistas disidentes y centristas de derecha.- En 6 años los diputados y senadores no se preocuparon en poner en funciones el Defensor del Pueblo, ni sancionar leyes tan trascendentes como la del Tribunal de Cuentas de 5 miembros con participación de la oposición parlamentaria, ni la ley que regula los ingresos y ascensos por concurso en la Administración Pública, ni el dictado de la ley de ética pública, ni la ley de acceso libre , informal y gratuita a la información pública, ni la ley que regula la pauta publicitaria oficial y su distribución equitativa y no discriminatoria en todos los medios, ni la ley del Seguro Provincial de Salud, ni la creación del Fondo Partidario Permanente para sostener la actividad de los partidos políticos, ni las leyes que crean los instrumentos de la democracia semidirecta como la iniciativa popular, el referéndum, la consulta popular o la revocatoria de mandatos, ni la creación del Banco estatal que oficie como agente financiero del Gobierno, ni la ley que debe crear el ente específico que fije la política de medio ambiente provincial o la creación del Fondo de Recomposición Ambiental, ni se ha dictado una nueva Ley de Elecciones Generales en reemplazo de la vieja Ley 2988 del año 1.934, que fije un calendario certero de elecciones generales provinciales, ni la Ley de Ministerio Público ni la de Comunas, por solo enumerar algunas de las omisiones de los diputados, senadores y el mismísimo Gobernador.-
La deuda legislativa con los entrerrianos es enorme y exhibe no sólo un evidente desinterés por darle curso a un sinnúmero de derechos que la Reforma Constitucional puso a disposición de los ciudadanos entrerrianos sino que es la prueba más auténtica de una voluntad política de bloquear todos esos derechos e instituciones para continuar gobernando bajo la espada de un poder concentrado en la persona del Gobernador, quien monopoliza las iniciativas legislativas que envía a las Cámaras y que éstas en un exceso de gestos abdicantes votan a mano alzada, boca cerrada y cara de “Yo no fui”.-
Sólo se salvan de esta pobreza institucional algunas leyes importantes: la Ley 9754 que instituye el sistema acusatorio del nuevo Código Procesal Penal para Entre Ríos que si bien es anterior a la reforma ésta la hizo suya y tuvo escalonada vigencia luego de ella; la Ley 10.027 Orgánica de las Municipalidades, a tono con el nuevo capítulo del Régimen Municipal de la Constitución de Entre Ríos, la creación del fuero contencioso-administrativo a través de las Cámaras Nº 1 y 2 de Paraná y Concepción del Uruguay a través de las Leyes 10.051 y 10.052 y no mucho más.-
Es decir, Entre Ríos padece una anemia de institucionalidad pero a nadie con algún grado de poder parece importarle demasiado.- Menos a Urribarri, quien parece sentirse enormemente más cómodo con una Legislatura insospechada de independencia y decisión propia y con instituciones que no controlen nada de su gestión.- Tan cierto es esto como que arrasó con la propia Constitución que juró respetar al designar sin concurso público a su amigo Guillermo Smaldone en la presidencia vitalicia del Tribunal de Cuentas, el máximo órgano de control externo de todos los fondos y recursos públicos.- Con semejante antecedente y escasas voces espantadas con tamaño atropello constitucional seguramente se animará a hacer lo mismo con el próximo Tesorero General de la Provincia, vacante por la renuncia de Gustavo Gioria luego del megaescándalo desatado por la gran estafa de ATER.
¿A alguien le importa, algo, poco o mucho estas ausencias legales ? Parece que no, porque la sociedad tiene sus intereses depositados en otras cuestiones más urgentes y mas vinculadas con el diario oficio de sobrevivirle a una inflación que carcome los salarios, un panorama económico incierto que atraviesa las preocupaciones de comerciantes, industriales y productores y un manifiesto desapego por la cosa pública a la que observa desde lejos, sin comprometerse y con una resignación propia de quien cree que nada ha de cambiar.- Tan desmoralizante parece ser el panorama que hasta la corrupción de los gobernantes se tolera como un mal inherente al poder, una suerte de vicio natural y hasta necesario que forma parte del arte de gobernar y que le asigna al discurso moralizante o de la decencia en el manejo de los asuntos públicos el destino del baúl de los recuerdos de un pasado mejor.- La abdicación ciudadana a ciertos valores universales como la honestidad, la transparencia, el trabajo decente y la educación de calidad como movilizador del ascenso social han cedido paso al conformismo por el pago de los salarios públicos, las jubilaciones y pensiones y alguna que otra obra pública importante, por la concesión graciosa de la Señora Presidente.- Algo asi como “Billetera mata galán”.- El hábito tan argentino de mirarse el ombligo hasta que algo muy fuerte conmueva la víscera más sensible del argentno: el propio bolsillo.- Difícil que en este contexto de anestesia y negacionismo social, el ciudadano de a pié se movilice y salga a la calle para exigir cárcel a los corruptos, mejor educación y más calidad institucional a la renga democracia provinciana.- En el mientras tanto “Yo…entrerriano”.
Juan Carlos Arralde, Ex convencional constituyente de la UCR, para Análisis Digital